EscucharEl expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Eduardo Doryan, responsabiliza a dos subalternos por la firma de un convenio con el Estado a cuyo tenor la institución perdió ¢97.000 millones en intereses generados por deudas acumuladas en el transcurso de años. La investigación del caso servirá para establecer el grado de participación de los encargados de la Gerencia Financiera y la Dirección Jurídica, a quienes Doryan señaló como responsables, pero ningún resultado podrá eximir al máximo jerarca del momento.
El menosprecio hacia el concepto de responsabilidad política es una de las más sensibles carencias de nuestra democracia. Todavía resuena en el ambiente la desafortunada defensa ensayada por un alto funcionario cuando la opinión pública reclamaba los abusos cometidos en un despacho a su cargo: “Soy el jerarca, pero no el responsable”.
Ser jerarca implica responsabilidad, y asumirla es precondición de la aceptación del cargo. El expresidente ejecutivo firmó el convenio y debió haberlo leído. Son ¢97.000 millones pertenecientes a una entidad estatal de máxima importancia, puesta bajo su mando y resguardo por el presidente de la República. Si hubo copartícipes o funcionarios que omitieron sentar la protesta debida, sobre ellos deben recaer las consecuencias correspondientes, pero el Ing. Doryan no puede obviar su participación en un tema de capital importancia para la institución bajo su mando.
Con ese dinero, señaló uno de los reportajes dedicados al tema por este diario, habría sido posible construir dos hospitales como el inaugurado recientemente en Heredia. También se pudo haber enfrentado buena parte de la crisis financiera de la institución.
Sin especular sobre la posible existencia de otras responsabilidades, la política representa, en este caso, el umbral mínimo por donde debe pasar el ejercicio de la función pública. El Ing. Doryan no se sintió obligado a medirse por ese parámetro, como habitualmente se abstienen de hacerlo otros actores de la política nacional. En efecto, ni siquiera aceptó una corresponsabilidad por el documento donde quedó estampada su firma. Depositó toda la culpa sobre los hombros de sus subalternos.
Tampoco son de recibo las explicaciones sobre el desorbitado crecimiento de la planilla y sus consecuencias financieras. Según Doryan, las plazas hacían falta, y la culpa de su costo se debe depositar a la entrada del Poder Ejecutivo, la Corte y el Congreso. Planteada de esa manera, la responsabilidad es del Estado en su conjunto. Nadie se salva de ella, y a todos corresponde, salvo al expresidente ejecutivo que promovió tan generosa política de nombramientos.
En efecto, a lo largo de los años, la legislación aplicable al empleo en la Caja incorporó beneficios difíciles de costear. El Poder Ejecutivo lo toleró y su decisión de elevar los salarios en otros sectores de la Administración Pública afectó un buen número de sueldos en la Caja. La Corte, por su parte, emitió fallos con implicaciones financieras para la institución, aunque el impacto real de esas sentencias es objeto de debate.
El Ing. Doryan conocía o debió conocer esos factores al asumir el cargo. También debió actuar en consecuencia, ejerciendo cautela a la hora de decidir sobre la masiva apertura de plazas. Por otra parte, el efecto disparador de los salarios como consecuencia del ajuste en otros sectores del sector público se extendió a funcionarios que la ley no exige incluir.
Cuando el Ejecutivo decidió elevar los rezagados salarios de sus funcionarios, algunos empleados de la Caja se beneficiaron como consecuencia de leyes que exigen aumentarles el sueldo cuando mejoran los del Gobierno central, pero la Caja y otras instituciones autónomas decidieron, por su cuenta, restablecer la brecha salarial de manera generalizada.
El exfuncionario también omitió decir que el Poder Ejecutivo, durante su permanencia en la Caja, estaba en manos de don Óscar Arias, quien lo nombró en el cargo. ¿Se refería a él cuando señaló la participación del Ejecutivo en el descalabro financiero de la Caja?
