El Estado deja de percibir una suma equivalente al 5,7% del producto interno bruto (PIB) merced a las exoneraciones tributarias concedidas a lo largo de los años a diversos sectores y grupos de presión, informa el semanario El Financiero. Traducida la cifra a la moneda corriente, se trata de la fantástica suma de ¢1.190.481 millones no cobrados en el 2011. El resultado del 2012 es similar como porcentaje del PIB, pero aumenta unos ¢100.000 millones. Para el 2013 no se vislumbran otros cambios.
Los ingresos no percibidos alcanzarían para financiar el 70% del presupuesto del Ministerio de Educación (MEP) o eliminar el déficit fiscal de esos años, con una buena suma de excedente para dedicarlo a otras necesidades. No todas las exenciones pueden ser vistas como pérdida. En muchos casos, su existencia es, en realidad, una inversión en el desarrollo de actividades de valor estratégico o un complemento de la política social.
La exoneración del impuesto de ventas aplicada a la canasta básica beneficia, en primer término, a la población más necesitada. Las exenciones concedidas a la industria turística estimularon el desenvolvimiento de una actividad cuyos beneficios no pueden ser negados en materia de generación de divisas y empleo, entre otros rubros.
El problema es que pocas exoneraciones son sometidas a revisión periódica para constatar si cumplen sus propósitos, si siguen siendo necesarias o si se transformaron en simples e injustificados privilegios. La industria turística, por ejemplo, fue sometida a una evaluación semejante y desde hace años dejó de contar con importantes incentivos concedidos para acelerar su expansión.
Las cooperativas, por otra parte, conservan casi sin cuestionamiento los beneficios otorgados hace décadas. Protegidas por la aureola de movimiento social, el país parece ciego a los cambios en su desarrollo. Según el IV Censo Nacional Cooperativo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), las cooperativas de ahorro y crédito y las de seguros han crecido espectacularmente hasta alcanzar un patrimonio de ¢290.179 millones, pero las agrícolas disminuyeron y su patrimonio suma ¢23.000 millones.
El artículo 3, inciso d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta no distingue entre unas y otras al disponer la exoneración del pago de gravámenes sobre las utilidades. Tampoco distingue entre las grandes cooperativas, capaces de competir sin asistencia, y los emprendimientos más modestos. En consecuencia, la exoneración ideada para fomentar el crecimiento del cooperativismo en determinadas áreas de la producción protege también su incursión en negocios comerciales y financieros donde compiten con otras empresas privadas, sujetas al pago del impuesto sobre la renta. Nada tiene de malo la incursión de las cooperativas en el área de las finanzas, pero es válido preguntar si la ventaja tributaria, en esos casos, está justificada.
Turismo y cooperativismo son dos ejemplos, uno de la buena práctica de emplear exoneraciones para desarrollar una actividad estratégica y no mantenerlas más allá de lo necesario, y otro de la desafortunada tendencia a permitir la subsistencia del beneficio sin cuestionamientos ni atención al cambio en las condiciones de desarrollo de la actividad exonerada.
Todavía menos comprensible es la renuncia a contar con ingresos fiscales de los proveedores de servicios y los profesionales liberales, cuya contribución al erario es ridícula. La transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA) alcanzaría a los servicios, una de las áreas más dinámicas de la economía, y facilitaría el control de los ingresos de los profesionales para determinar con justicia su contribución al fisco.
El Ministerio de Hacienda, informa El Financiero, piensa plantear una reforma fiscal, entre cuyos componentes está la revisión de las exoneraciones impositivas vigentes. Cualquier propuesta en esa dirección afrontará, como en el pasado, la oposición de los grupos interesados.
Corresponde a la Asamblea Legislativa no ceder ante esas objeciones porque, como bien dice Rodrigo Bolaños, presidente ejecutivo del Banco Central, “a alguien le caerá el fardo de que el país no haya querido arreglar la situación fiscal en los últimos 12 años”.