Opinión

EDITORIAL

Exoneraciones injustificadas

Actualizado el 20 de marzo de 2015 a las 12:00 am

El plan fiscal distingue entre las grandes cooperativas y las pequeñas, aunque no hace diferencia entre las del sector financiero y las dedicadas a otras actividades

Las cooperativas de ahorro y crédito y las de seguros han crecido espectacularmente, pero las agrícolas disminuyeron

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Las exoneraciones de impuestos pueden ser un instrumento de apoyo al crecimiento de sectores estratégicos de la economía, pero en Costa Rica tienen la indiscutible desventaja de la perpetuidad, salvo casos muy contados, como el de los incentivos tributarios concedidos al turismo y luego revocados.

Las cooperativas son un ejemplo del incentivo eterno. Ningún esfuerzo por poner coto a las ventajas concedidas al sector logra prosperar. El más reciente fue incorporado a la propuesta tributaria presentada hace poco a la Asamblea Legislativa, pero ya cuenta con fuerte oposición.

El Partido Liberación Nacional anuncia la defensa del cooperativismo contra la pretensión de aumentarle la carga tributaria. La posición del gobierno no quedó clara luego de unas declaraciones del presidente, Luis Guillermo Solís, sobre la propuesta fiscal de su administración. Según el mandatario, la inclusión de las cooperativas le causa una incomodidad ideológica y hay aspectos del plan del Ministerio de Hacienda con los cuales no está de acuerdo. No dijo si uno de esos aspectos es el relativo al cooperativismo, pero sí enfatizó que el proyecto solo tiene el propósito de iniciar una discusión al respecto. El ministro de Hacienda, Helio Fallas, confirma el desacuerdo del mandatario con el impuesto a las cooperativas.

El 8 de febrero del 2013, el editorial de este diario señalaba el problema del tratamiento diferenciado a las cooperativas independientemente de los cambios ocurridos en el sector a lo largo de décadas. Nos permitimos recordar lo dicho entonces por su pertinencia a la discusión planteada en la actualidad: “Las cooperativas conservan casi sin cuestionamiento los beneficios otorgados hace décadas. Protegidas por la aureola de movimiento social, el país parece ciego a los cambios en su desarrollo. Según el IV Censo Nacional Cooperativo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), las cooperativas de ahorro y crédito y las de seguros han crecido espectacularmente hasta alcanzar un patrimonio de ¢290.179 millones, pero las agrícolas disminuyeron y su patrimonio suma ¢23.000 millones.

“El artículo 3, inciso d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta no distingue entre unas y otras al disponer la exoneración del pago de gravámenes sobre las utilidades. Tampoco distingue entre las grandes cooperativas, capaces de competir sin asistencia, y los emprendimientos más modestos. En consecuencia, la exoneración ideada para fomentar el crecimiento del cooperativismo en determinadas áreas de la producción protege también su incursión en negocios comerciales y financieros donde compiten con otras empresas privadas, sujetas al pago del impuesto sobre la renta. Nada tiene de malo la incursión de las cooperativas en el área de las finanzas, pero es válido preguntar si la ventaja tributaria, en esos casos, está justificada”.

Precisamente, el plan del Ministerio de Hacienda distingue entre las grandes cooperativas y las pequeñas, aunque no hace diferencia entre las del sector financiero y las dedicadas a otras actividades productivas. Esas diferencias corren el riesgo de ser ignoradas, una vez más, en provecho de los emprendimientos no necesitados del estímulo fiscal. Hay cooperativas capaces de contribuir al erario y no son claras las razones para eximirlas de hacerlo.

En nuestro editorial del lunes expusimos las razones por las cuales consideramos inconveniente, en este momento, aprobar nuevos impuestos o elevar los existentes. Mientras no haya seguridad de una administración austera y transparente de los recursos frescos, es difícil saber si se emplearan para resolver los importantes problemas fiscales del país o si más bien servirán para incrementar el gasto y dejar las finanzas públicas en el mismo estado, con el agravante de haber empujado los límites de la carga tributaria hasta un punto que cierra el margen de acción en el futuro. Cuando exista certeza del buen destino de los fondos, la ampliación de la base tributaria deberá incluir la eliminación de exoneraciones injustificadas.

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