Opinión

EDITORIAL

Exoneraciones, déficit y presupuestos públicos

Actualizado el 02 de marzo de 2015 a las 12:00 am

El monto total de egresos incluye ¢7,9 billones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y ¢14,1 billones correspondientes al resto de las instituciones

De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, existen 1.259 exoneraciones fiscales

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Aunque se perfilan algunas buenas acciones e intenciones, el panorama general de ingresos y gastos del sector público consolidado, y el déficit global concomitante, permanece enrarecido.

Según el Programa Macroeconómico del Banco Central, el déficit consolidado del sector público, que incluye las principales instituciones –ICE, Recope, CCSS, INS, Gobierno de la República y Banco Central–, alcanzará un 5,7% del PIB en el 2015, pero subirá a un peligroso 6,8% del PIB en el 2016, si no se adoptan medidas de contención.

Este año, el superávit del sector público no financiero (0,9% del PIB) compensaría las pérdidas operativas del Banco Central (0,9% del PIB), pero, en el 2016, el sobrante bajaría casi a la mitad (0,5% del PIB), mientras que el déficit global –el más relevante desde el punto de vista macroeconómico– brincaría bruscamente a un 6,6% del PIB. Eso impone el deber de comenzar a disminuirlo desde ahora.

Según la Contraloría General de la República, el total general presupuestado en el 2015 suma ¢22 billones, con un crecimiento del 9,4% respecto del originalmente presupuestado para el 2014. Esa expansión duplica el crecimiento real de la producción nacional (3,4%) y señala que no ha habido, en realidad, ningún esfuerzo fiscal significativo para sanear las finanzas públicas.

El monto total de egresos incluye ¢7,9 billones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y ¢14,1 billones correspondientes al resto de las instituciones. Pesa más este último grupo, cuyos presupuestos de gasto ni siquiera pasan por la Asamblea Legislativa y no se someten a una sana discusión política. En total, representan nada menos que un 77% del PIB, lo cual da una idea del gran peso del sector público en el gasto total. Ese peso, sin embargo, no se corresponde con el aporte al crecimiento real del PIB ni se traduce significativamente en los resultados de otras variables sociales, como pobreza y distribución. El porcentaje mayoritario del gasto total se va en sueldos y salarios, transferencias, intereses y otros gastos relativamente menos productivos. La inversión pública, en cambio, ha venido renqueando.

La Contraloría también ha formulado varias llamadas de atención a los ingresos y distribución de gastos de distintas instituciones. En la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, llama la atención que en el seguro de Enfermedad y Maternidad (EM) los ingresos solo crecen un 8,8% –menos que el promedio de los últimos seis años–, mientras que los gastos se disparan un 17,5% debido a la creación de 392 plazas nuevas en el 2014 y al incremento salarial del 5%. ¿Era necesario incrementar la planilla ante los consabidos problemas presupuestarios, en vez de buscar la eficiencia por otros lados? Pareciera que los problemas de la Caja son interminables, mientras que las soluciones vienen muy rezagadas.

En Recope, la segunda institución más dispendiosa, el presupuesto de gastos para este año aumentó un 15% frente al del año anterior, a pesar de la reducción en el precio de los combustibles. ¿Por qué un porcentaje de aumento tan elevado? Es probable que la demanda de combustibles se incremente ante la reducción del precio, pero es importante saber si el incremento total de gastos involucra otras erogaciones en salarios y demás prebendas incluidas en la convención colectiva, y en inversiones cuestionables. He ahí un tema espinoso por investigar, especialmente por parte de la Contraloría.

El ICE es la tercera institución en el ranquin de las erogaciones. Afortunadamente, es una de las que más invierte y contribuye a la generación del PIB (dicho sea sin perjuicio de otras críticas señaladas recientemente). Según la Contraloría, la tasa de crecimiento presupuestario en el 2015 será ligeramente inferior, comparada con el año anterior, al igual que las del INS, el Banco Central y los bancos estatales. La Universidad de Costa Rica, por el contrario, aumentará proporcionalmente más su presupuesto este año, gracias a la cuestionada y abultada asignación concedida el año pasado, a instancias del presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

La buena noticia emana del Ministerio de Hacienda. Según reportamos la semana pasada, está contemplando someter a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para revisar algunas de las exoneraciones y exenciones existentes, ordenarlas y, también, crear sanciones por el mal uso. Aunque no ha trascendido aún cuáles serán las exoneraciones sometidas a revisión, ni con cuál criterio objetivo, esperamos que la lista sea lo más comprensiva posible.

Varias razones apuntan a la conveniencia de hacerlo. En primer lugar, son demasiadas las exenciones aprobadas en este país. De acuerdo con un estudio realizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, existen 1.259 exoneraciones fiscales; es un número demasiado elevado para un país inmerso en una situación fiscal crítica. En segundo lugar, el monto total de esas exenciones representa un 5,7% del PIB, porcentaje similar al déficit del Gobierno el año pasado. Reducirlas mejoraría el resultado fiscal sin necesidad de decretar nuevos impuestos. Reduciría, además, muchas de las distorsiones existentes en la asignación de recursos productivos y eficiencia económica.

Las exoneraciones se han creado sin asignar nuevos recursos al fisco, lo cual constituye una práctica muy extendida y errónea. Se fijan, además, por una sola vez y su conveniencia, eficacia y necesidad no se vuelven a revisar posteriormente, por lo que tienden a anquilosarse, independientemente de su necesidad actual. Finalmente, es necesario revisarlas, una por una, para determinar, bajo un análisis más puntual, cuáles de ellas aún se justifican y cuáles están haciendo un uso indebido de la generosidad estatal.

De momento, solo son buenas intenciones. Esperamos conocer pronto los detalles del proyecto para que sean sometidos a un riguroso análisis.

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