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EDITORIAL

Exenciones de ley

Actualizado el 20 de abril de 2013 a las 12:00 am

Una tras otra, las normas establecidas en la flamante ley de tránsito y las relacionadas del Código Penal, se revelan como letra muerta a ojos de los ciudadanos

La inacción policial cultiva una especie de código informal y paralelo a cuyo amparo es posible distinguir las conductas prohibidas “de veras” y las que no lo están tanto

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German Marín, director de la Policía de Tránsito, afirma que ninguna parte del país está exenta de la ley. Las declaraciones se dan en el contexto del floreciente mercado –en sitios remotos como las islas de Chira y Venado– de motocicletas robadas. En la primera, el Organismo de Investigación Judicial decomisó ocho motos en marzo, pero se estima que hay otras 50 en las mismas condiciones.

Los tres oficiales de la Fuerza Pública destacados en Chira coinciden con esa estimación y los vecinos no la rebaten. Algunos confiesan el ocultamiento de los vehículos cuando la Policía anda cerca. Están exentos de la ley al punto de considerar “polos” a quienes utilizan casco y las autoridades admiten que el 80% de los conductores no tienen licencia. Muchos no podrían tenerla, porque son menores de edad. Ni hablar de cumplir exigencias más finas, como la revisión técnica.

Hay, entonces, zonas del territorio nacional no alcanzadas por la ley. Tampoco es necesario buscarlas tan lejos. Hacienda Vieja de Curridabat o calles del centro capitalino, como la principal de Pavas, no tienen el amparo de la ley en las madrugadas, cuando los protagonistas de carreras clandestinas las utilizan para dar rienda suelta a sus pasiones.

El artículo 261 bis del Código Penal prevé de uno a tres años de cárcel para los “picones” y el 143 de la ley de tránsito prescribe una multa de ¢280.000 para quien circule a más de 120 kilómetros por hora en cualquier vía del país. Un error de numeración cometido por la Asamblea Legislativa impide a los jueces aplicar la pena accesoria de suspensión de la licencia, pero la posibilidad de combatir el delito existiría si ninguna parte del país estuviera exenta de la ley.

También se encuentran en completo desamparo el resto de las calles y autopistas, donde a cualquier hora el oído y la vista delatan flagrantes violaciones a la ley de tránsito. Solo la Policía encargada no las escucha ni las ve. La ley, de cuya aplicación no debería estar exenta ninguna parte del país, estipula una multa de ¢47.000, sin perjuicio de las sanciones conexas, para el “propietario del vehículo que sea puesto en circulación habiéndose alterado el motor, los sistemas de inyección, de carburación o de control de emisiones, según lo establecido en su tarjeta de IVE”.

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Nadie ignora la inutilidad de esa tarjeta. Inescrupulosos propietarios de vehículos acuden a la revisión técnica con sus autos en regla, obtienen el visto bueno y corren a instalar “roncadores” y otros artificios ilegales, seguros de la impunidad con que circularán ante la indiferente mirada de la Policía de Tránsito.

A algunos costarricenses, acostumbrados al escándalo cotidiano, les hará gracia saber de la solemnidad con que el artículo 147 de la ley de tránsito dispone una multa de ¢20.000 “al conductor que utilice la bocina y otros dispositivos sonoros para apresurar al conductor del vehículo precedente”. La inaplicada ley estipula la misma sanción para quien se detenga sobre el señalamiento horizontal. La avenida segunda, para mencionar el ejemplo de una vía concurrida, está exenta de la ley.

Una tras otra, las normas establecidas en la flamante ley de tránsito y las relacionadas del Código Penal se revelan como letra muerta a ojos de los ciudadanos. La inacción policial cultiva una especie de código paralelo, construido por la comunidad de conductores, a cuyo amparo es posible distinguir las conductas prohibidas “de veras” y las que no lo están tanto. El riesgo de una multa por exceso de velocidad en carretera o irrespeto a un semáforo es mayor que la posibilidad de una sanción por otras conductas comunes. La modificación de motores, sistemas de inyección, carburación o control de emisiones, son en la práctica impunes. La eficacia de la ley depende menos de la severidad de sus sanciones que de la certeza de su aplicación. La ley de tránsito no se aplica como la sociedad tiene derecho a esperarlo. Demasiadas conductas están, en realidad, exentas.

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