Opinión

EDITORIAL

Excarcelaciones forzadas

Actualizado el 05 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

Ningún sistema penitenciario debería verse obligado a vaciar celdas con premura y el solo objeto de reducir el hacinamiento

Las excarcelaciones tienen sentido en el marco de un programa, con claridad de criterios, objetivos de rehabilitación y medios para asegurar el cumplimiento

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Tres días después de abandonar la prisión, uno de los 370 presos seleccionados para beneficiarse de un programa de liberación anticipada, cuyo fin es reducir el inaceptable hacinamiento de las cárceles, fue detenido en Puntarenas bajo sospecha de participar en un asalto.

En el curso del atraco, se produjo el homicidio de un comerciante, muy apreciado por la comunidad. William Salazar Alvarado, de 59 años, atendía su venta de pollos cuando tres sujetos, en el intento de robarle, le quitaron la vida a balazos. El sospechoso, liberado tres días antes, estaba preso, precisamente, por robo agravado.

Otro de los detenidos a raíz del crimen descontó un año de prisión preventiva por su supuesta participación en el asalto a una farmacia, pero fue liberado en junio porque la Fiscalía no había logrado presentar la acusación formal y, en esas circunstancias, el Tribunal de Apelaciones estimó improcedente prorrogar la reclusión preventiva.

El miércoles, otro excarcelado del grupo de los 370 fue detenido bajo sospecha de robar a un extranjero la billetera y el teléfono celular con la técnica del candado chino. Tenía cuatro días de liberado y su reclusión se debía a una tentativa de robo y un robo agravado. La policía lo detuvo, después del asalto al extranjero, en el Centro de Atención Semiinstitucional de Goicoechea, donde debía dormir una vez por semana para cumplir las condiciones de su liberación.

Los 370 excarcelados se beneficiaron de una orden judicial emitida con el expreso propósito de reducir la cantidad de internos. La sobrepoblación del sistema penitenciario es del 36,5%, producto de un aumento del 80,4% en el número de reos en menos de ocho años. La Unidad de Admisión de San Sebastián, destinada a los detenidos con prisión preventiva, es decir, en espera de juicio, está excedida en un 80%.

La lentitud de los procesos judiciales, la falta de aplicación de medidas alternativas, la ausencia de mecanismos diversos, como la vigilancia electrónica, y el escaso desarrollo de infraestructura penitenciaria conspiran para crear condiciones inaceptables en las cárceles, donde los servicios sanitarios son insuficientes, los reos deben dormir en el suelo y el hacinamiento actúa como catalizador de la violencia.

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La Nación informó el miércoles que el 73% de los excarcelados para descongestionar las cárceles habían sido condenados por participar en asaltos. El Ministerio de Justicia dice haberlos escogido con vista en la modalidad utilizada para cometer el delito, con el fin de no conceder el beneficio a los más violentos.

Los nuevos delitos en que se han visto involucrados los reos recién liberados pondrán en duda la escogencia y también la sabiduría de la orden judicial por cuyo impulso se inició el programa. Sin embargo, la dura realidad del sistema penitenciario no puede ser negada. Es un problema de vieja data.

El irrespeto a los derechos humanos en las prisiones impulsó al juez a dictar su polémica orden. La súbita medida implica riesgos como los que acaban de materializarse en los casos del comerciante asesinado y el extranjero asaltado. Ningún sistema penitenciario debería verse obligado a vaciar celdas con tanta premura y el solo objeto de reducir el hacinamiento.

Las medidas alternativas deben ser producto de la más pausada y minuciosa consideración técnica. Las excarcelaciones tienen sentido en el marco de un programa, con claridad de criterios, objetivos de rehabilitación y medios para asegurar el cumplimiento y control de los beneficiados.

Costa Rica se ha negado a adoptar programas de esa naturaleza. La propuesta de la vigilancia electrónica mediante brazaletes es un caso ejemplarizante. El rechazo a la medida, apta para evitar de manera ordenada el congestionamiento de las cárceles, se basó en consideraciones de riesgo y también de la deseada severidad del castigo. Preferimos, entonces, llegar al punto crítico donde un juez, confrontado con la violación de los derechos humanos, ordena la precipitada liberación de 370 reos.

La necesidad de una política comprensiva, de la cual la vigilancia electrónica sería apenas un elemento, va más allá de la construcción de nuevas cárceles.

El Ministerio de Justicia las tiene previstas, pero sabe, también, que la población penal sobrepasará su capacidad apenas estén construidas.

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