EscucharYa pasaron más de seis años desde febrero del 2011, cuando un editorial de este diario se tituló “ Tiempo perdido en Fonatel ”. Dos meses más tarde, el entonces vicepresidente Luis Liberman llamó a invertir con prontitud el dinero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, destinado a desarrollar, entre otras iniciativas, la conexión de escuelas y colegios a la Internet. Poco tardó la presidenta Laura Chinchilla en sumar su voz a los llamados urgentes.
El lunes pasado, nos vimos obligados a informar del continuo estancamiento en esa vital materia. La mayor parte del fondo está invertido en bonos del Ministerio de Hacienda y, según los estados financieros publicados por la Superintendencia General de Telecomunicaciones (Sutel), el año pasado se registró la inversión más baja desde el 2014.
El fondo cerró el 2016 con ¢161.911 millones, una fortuna capaz de remediar buena parte de las carencias culpables de la brecha digital, cuyo impacto en la desigualdad social y profundización de la pobreza no puede ser subestimado. El propósito de Fonatel es introducir equidad en la apertura del mercado de telecomunicaciones, dotar de Internet de banda ancha a las escuelas y los colegios públicos, extender la telefonía a zonas descubiertas por las redes existentes y otros objetivos de similar importancia. Todos son fines de una política social moderna y el tiempo perdido es imposible de recuperar.
El fondo se nutre de las sumas pagadas por la concesión de bandas para los celulares y del 1,5% de los ingresos brutos de las empresas de telecomunicaciones. Las multas impuestas a los operadores y el rendimiento de las inversiones también engrosan el fondo. En el 2016, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la ejecución presupuestaria del sector fue de apenas un 4,87% porque el 90% de los egresos previstos son de Fonatel y la inactividad del fondo ha sido drástica. Este año, la esperanza es gastar apenas ¢20.000 millones, un 12% del patrimonio, no obstante las necesidades de todos conocidas e invocadas por Luis Liberman hace seis años para urgir la buena ejecución de los recursos.
La Sutel explica el estancamiento por las dificultades propias de la contratación administrativa, incluyendo las apelaciones planteadas por empresas privadas. Sin embargo, las limitaciones más importantes están en el ámbito estrictamente estatal. Las instituciones beneficiadas no ofrecen condiciones de seguridad adecuadas para los equipos proporcionados por el fondo y, lo más asombroso, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) se atrasa en la concesión de permisos.
No hace mucho, la gestión de Setena era invocada como obstáculo para la inversión privada, pero, en las últimas semanas, el propio Estado ha comenzado a plantear sus críticas. La calculada (y cuestionada) “pifia” en la carretera entre la ruta a Limón y la nueva terminal de contenedores de Moín se justificó por la necesidad de evitar trámites en Setena. También se habla de impulsar medios para agilizar los permisos cuando sean para obra pública. El Estado se entorpece a sí mismo y está en busca de medios para eximirse de las trabas impuestas al sector privado. Es un absurdo, pero dice mucho de la inoperancia de instituciones como Fonatel, bien fondeadas e incapaces de ejecutar el presupuesto destinado a sus importantes fines.
Fonatel tiene una misión vital e impostergable. Las generaciones de alumnos graduados sin acceso a la Internet no volverán a escuelas y colegios. No será fácil rescatarlos de la creciente brecha digital. Liberman tenía razón hace seis años. También la presidenta de aquel entonces, pero ni los llamados provenientes de tan altos cargos, ni el paso de tanto tiempo, lograron el cometido. Es una prueba más de la necesidad de someter al sector público a una profunda revisión y reforma.
