EscucharEl gobierno ha emprendido aislados esfuerzos para limitar el gasto en privilegios a todas luces excesivos. Esas iniciativas merecen reconocimiento, pero son insuficientes. Las medidas de contención mejorarán la salud financiera de las instituciones donde se aplican y quizá su principal contribución esté en el reconocimiento de problemas negados durante años y más bien agravados por la actitud permisiva de otras administraciones.
La negación fue la tónica en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Animado por ella, la entidad llegó al punto de intentar la incursión en actividades ajenas a sus propósitos, claramente definidos por la ley. Primero, se propuso brindar asesoría internacional en desarrollo y diseño de proyectos. Cuando se le preguntó de dónde saldrían los recursos humanos, la respuesta fue una confesión de ineficiencia. Los grandes proyectos internacionales serían atendidos mediante el mejor aprovechamiento del tiempo, es decir, a la institución le sobra personal para satisfacer las necesidades existentes.
Así podrían explicarse, también, las propuestas para desarrollar obra pública y supervisar la construcción de carreteras, ambas objetadas por apartarse de los fines fijados por ley a la entidad. Fracasados los intentos de ocupar mano de obra en otras actividades, el ICE ha tomado la delantera para adoptar el salario único, reducir la planilla mediante un programa de movilidad laboral y ejecutar otras medidas de racionalización del gasto. Probablemente no sea suficiente y tampoco está claro si las finanzas de la institución ofrecen el margen de tiempo necesario para confiar en los efectos paulatinos. Sin embargo, las iniciativas demuestran un contacto con la realidad echado de menos en el pasado.
También se ha limitado el crecimiento de los beneficios estipulados en algunas convenciones colectivas. En la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec), el Ministerio de Trabajo objetó elevar la cesantía a 15 años, un privilegio hasta ahora concedido casi sin pensarlo en entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social, donde la ofrecida limitación al crecimiento del tope resultó una tomadura de pelo.
El gobierno también se opuso a elevar las anualidades pagadas a los trabajadores de la Jasec y recomendó disminuir el aporte patronal al Fondo de Ahorro y Garantía, que se nutre de un 5% de los salarios de los afiliados y un 7% salido de las arcas de la empresa. También fue denegada la petición de destinar el equivalente al 1% de la planilla para financiar actividades sociales y recreativas organizadas por el sindicato, así como una pretendida bonificación por carrera profesional.
El pliego de peticiones de la Jasec parece un inventario de los excesos concedidos en muchas otras instituciones, más grandes y algunas con mayores apuros económicos. Si no son buenos para la Jasec, menos lo son para la Caja Costarricense de Seguro Social, la Refinadora Costarricense de Petróleo y otros gigantes estatales.
El reconocimiento de la imposibilidad de seguir financiando privilegios es un avance. Las convenciones colectivas hasta ahora vigentes ya fueron denunciadas en el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Imprenta Nacional, entre otros organismos del frondoso aparato estatal.
Similar trato reciben algunos regímenes de pensiones de privilegio, como el establecido para los exdiputados. Los ¢7.700 millones de ahorro anual esperados por el gobierno son una suma modesta en el marco de las grandes cifras del fisco, pero, de nuevo, implican conciencia del problema. El límite de ¢2,5 millones es todavía generoso si se le compara con el máximo pagado por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, pero queda muy corto ante gran cantidad de jubilaciones judiciales donde la sangría de recursos es mucho mayor.
Ninguno de los esfuerzos citados deja de merecer reconocimiento, pero los problemas implícitamente admitidos por la acción gubernamental son mayores en otras instituciones y las iniciativas aisladas caen cortas de la reforma necesaria. Es hora de emprender una reestructuración ambiciosa del empleo público porque, con el peso de los privilegios sobre la espalda, el país no puede enfrentar la crisis irresponsablemente creada a lo largo de décadas.
