Opinión

EDITORIAL

Escasez de hogares de ancianos

Actualizado el 04 de marzo de 2014 a las 12:00 am

Los centros de atención clandestinos abren sus puertas para responder al estímulo de una demanda insatisfecha

El Ministerio de Salud adopta una actitud inflexible frente a los incumplimientos más graves y propone planes de mejora cuando las irregularidades pueden ser subsanadas

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Escasez de hogares de ancianos

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Todos los meses, un hogar de ancianos abre las puertas sin cumplir los requisitos establecidos por ley para proteger a las personas necesitadas del servicio. La aparición de hogares clandestinos delata la existencia de una demanda que no sorprende a los encargados de los centros de atención regulares ni a las autoridades del sector. Los primeros tienen listas de espera de hasta un centenar de ancianos urgidos de atención. Las segundas no necesitan confirmación del problema.

Según los demógrafos, la demanda aumentará paulatinamente de ahora en adelante, porque el descenso de las tasas de natalidad y la extensión de la expectativa de vida alteran la proporción de jóvenes y adultos mayores en la población nacional. El 3% de los costarricenses eran adultos mayores en 1960. En menos de cuatro décadas, el porcentaje habrá aumentado al 25%.

En el 2025, una fecha muy cercana, habrá unas 900.000 personas mayores de 60 años. Desde luego, no todos necesitarán los servicios de un hogar de ancianos, pero en la actualidad el país dispone de solo 2.995 plazas en 89 sitios autorizados. Si en este momento la demanda supera en mucho a la capacidad instalada y no existen planes que hagan prever un dramático aumento de las plazas disponibles, no es difícil adivinar las dimensiones de la crisis que se avecina.

Es preciso estimular la apertura de hogares apegados a la ley, porque en esta materia es inadmisible la informalidad común en el resto de la economía. La mayor parte de los hogares ilícitos carecen de personal capacitado, condiciones higiénicas y plantas físicas apropiadas. La falta de supervisión permite el hacinamiento y, en algunos casos, las autoridades han constatado maltrato. La ventaja competitiva de esos hogares es el precio, un poderoso atractivo para familiares dispuestos a hacer a un lado la calidad.

El sitio ideal para un anciano es su hogar, pero las realidades de la vida moderna se imponen y, para muchas familias, es imposible proporcionar al adulto mayor la atención necesaria. El Ministerio de Salud demuestra buena comprensión del problema cuando adopta una actitud inflexible frente a los incumplimientos más graves y propone planes de mejora cuando las irregularidades pueden ser subsanadas.

En otras palabras, en lugar de la orden de cierre automática por la sola constatación de la ilegalidad, las autoridades promueven la formalización, con el bienestar de los ancianos como norte. No es la reacción más común de la mentalidad burocrática, en cuyos dominios, con demasiada frecuencia, el requisito es rey.

Ni el maltrato, ni las condiciones insalubres, ni la mala nutrición o la negligencia en el cuido merecen flexibilidad alguna, pero la voluntad de salvar las instalaciones capaces de cumplir las normas mediante los ajustes indicados por los inspectores es un ejercicio de realismo y sentido práctico. “Se han realizado múltiples inspecciones a estos centros para regularizar su situación. La idea es crear planes de mejora para que cuenten con la habilitación y puedan atender a los adultos mayores”, sintetizó la ministra de Salud, Daisy Corrales.

Los locales deben tener un manual de normas de higiene y seguridad. También se les exige la presencia de un profesional en nutrición, contratado a medio tiempo, tres días por semana. La planta física debe contar con rampas y otros medios de apoyo para quienes sufren discapacidad. En general, no son requisitos inaccesibles, aun para quienes deseen operar en pequeña escala.

Amén de contribuir al salvamento de los centros donde las circunstancias no imponen una orden de cierre, el Estado debe contemplar la posibilidad de ofrecer estímulos de diversa naturaleza al desarrollo de los centros de atención destinados a la tercera edad. Johanna Latino, del Carlos María Ulloa, recibe entre cinco y diez llamadas diarias de personas interesadas en recibir atención, pero la lista de espera ya comprende 40 nombres y el futuro no será mejor, si no se adoptan políticas claras en la actualidad.

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