Según el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) permitiría ejecutar, en un plazo razonable, importantes obras viales en el área metropolitana. La agencia adscrita a la ONU se hizo cargo, de inmediato, del diseño y construcción de tres pasos a desnivel en la Circunvalación y la ampliación de tres puentes.
Al momento de la firma de los contratos, Andrea Soto, directora de la Unidad Ejecutora del Conavi, afirmó que la Unops funciona como intermediario y puede adquirir servicios sin pasar por los controles y trámites establecidos en otros casos. “Aplican sus propias normas de contratación, que tienen los mismos principios de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a divulgación, transparencia y oportunidad de participación, pero no pasan por la Contraloría”, explicó la funcionaria con el mayor optimismo.
Sergio Mazuchelli, gerente de la oficina en el país, ahondó en las razones de la celeridad esperada. Una vez acordada la ejecución de la obra con el gobierno, Unops celebra la licitación y si hay apelaciones, las resuelve sin detener los procesos. “Por tanto, los plazos que proponemos para hacer las cosas se cumplen”, sentenció.
Ese no fue el caso en Costa Rica. La celeridad ofrecida no se materializó por los prolongados procesos de expropiación, aunque la Asamblea Legislativa acaba de reformar la ley para agilizarlos. El ministro de Obras Públicas, Carlos Villalta, declaró las reformas insuficientes e informó a los diputados sobre el persistente entrabamiento creado por las expropiaciones.
En síntesis, la promesa de una ejecución ágil con intervención de la Unops no se cumplió porque la expectativa de agilizar las expropiaciones mediante una reforma legal tampoco se concretó. Como las famosas muñequitas rusas de madera que encajan una en la otra, los fracasos e incumplimientos de la administración pública costarricense se superponen para imposibilitar la ejecución. A la vuelta de año y medio, las obras no han avanzado y Mazuchelli se siente obligado a “pedirle perdón a la gente” por la demora.
En su momento, la Cámara Costarricense de la Construcción criticó la ejecución de obra pública mediante la Unops y Ricardo Castro, representante de la organización empresarial, afirmó que es mucho más urgente “arreglar el MOPT”. A la luz de los acontecimientos, bien podría tener razón.
También en opinión del gerente de Unops las instituciones encargadas de gestionar obras requieren de una transformación urgente, porque Costa Rica es uno de los países latinoamericanos más azotados por el rezago de la infraestructura en relación con otras áreas del desarrollo.
Pero la transformación necesaria va más allá del manejo de los proyectos de infraestructura. El MOPT parece estar necesitado de mayor pericia jurídica y política, a juzgar por la reciente comparecencia del ministro ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Luego de explicar que la Unops está empantanada en obras con procesos de expropiación pendientes, el funcionario informó a los diputados de un nuevo proyecto de reforma para solucionar los problemas no resueltos en el intento anterior. Los legisladores reaccionaron con sorpresa. “Si nos hubieran dicho, habríamos hecho lo posible por tramitarlo”, exclamó el congresista Mario Redondo.
En suma, Unops no cumple porque la enmienda a la ley de expropiaciones no logró su propósito y los diputados no avanzaron en el trámite de una nueva reforma porque el MOPT no les avisó que existe. Error, envuelto en equivocación, inmersa en traspié.