Error de ¢10.000 millones

La pérdida asciende a ¢10.000 millones y no importa cómo se resuelva el desacuerdo, la factura caerá sobre los hombros de la ciudadanía. Las dos instituciones intentarán resarcirse mediante la incorporación de la pérdida en las tarifas antes del fin de año. A ese efecto, plantearán una solicitud conjunta para que los reguladores decidan si incorporan los ¢10.000 millones al costo de los hidrocarburos o de la electricidad.

Si la Aresep acepta la solicitud de ajuste, el error lo pagará el consumidor, ya atribulado por los altos precios de la electricidad y los hidrocarburos. Si la petición no corre con suerte, la pérdida se les adjudicará a los ciudadanos en general, tratándose de dos instituciones públicas. No hay otra salida, pero, cuando menos, es un derecho de la comunidad afectada saber quiénes cometieron el error, si las circunstancias lo hacen excusable o si, por el contrario, ameritan una sanción.

De eso no se ha hablado. La responsabilidad se les atribuye a las dos instituciones, aunque entre ellas se disputan a cuál le corresponde. Pero detrás de Recope y el ICE hay funcionarios pagados para tomar decisiones y aceptar responsabilidades sobre ellas. Tendrán siempre derecho al examen de sus actuaciones como en derecho corresponde y aun a la exención de reproches, si las circunstancias excusan el error, pero es indispensable abrir una investigación para esclarecer los hechos.

Recope compró el búnker gourmet , con bajo contenido de azufre, con el propósito de vendérselo en exclusiva al ICE para su uso en la planta de Garabito. Las instituciones firmaron un acuerdo, en mayo del 2011, para importar el combustible, aunque la Aresep no había aceptado aún la incorporación del costo adicional a las tarifas de electricidad. Las importaciones continuaron a lo largo de dos años y medio, en el curso de los cuales la Aresep rechazó dos solicitudes de ajuste, una por falta de justificación adecuada y otra porque fue mal planteada como aumento extraordinario. Según la Aresep, la petición debió formularse como ajuste ordinario.

Los reguladores aceptaron, finalmente, reconocer en las tarifas el costo del combustible más caro, pero la resolución es de julio del 2013 y no puede ser aplicada a las importaciones de los dos años y medio anteriores, durante los cuales se ejecutaron las importaciones sin el correspondiente ajuste tarifario. Así quedaron los ¢10.000 millones al descubierto.

En ese lapso, Recope importó más de 390 millones de litros de combustible para la planta de Garabito. El ICE pagó ¢124.000 millones por el búnker porque ese era el precio derivado de la estructura tarifaria aprobada por la Aresep, pero la Refinadora había cancelado facturas por ¢134.000 millones.

Ahora, el ICE se resiste a pagarle la diferencia a Recope mientras la Aresep no le garantice la recuperación del dinero mediante las tarifas. Recope esgrime el convenio firmado con el ICE para sustentar su derecho al cobro, y al país solo le queda esperar a que la Aresep determine cómo enfrentará la pérdida, ya sea mediante el encarecimiento del consumo o el debilitamiento financiero de una o las dos instituciones estatales.

Esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, si las hubiera, no solo es necesario por razones de elemental equidad, sino, también, para corregir los yerros y evitar su repetición en el futuro. Señalar a las instituciones, como si su manejo no estuviera confiado a los funcionarios que las administran, en nada contribuye a los fines indicados.