EscucharLa Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tiene largos años de existencia. Con vista en las décadas de experiencia acumulada, al país le asiste el derecho de asumir la confiabilidad de los cálculos hechos para determinar el precio de los bienes y servicios regulados. Ese derecho se asienta, también, en la trascendencia de las decisiones de la entidad.
Una mala estimación, cuando pesa a favor de los consumidores, es capaz de causar graves pérdidas a importantes sectores de la economía. Si la imprecisión favorece a los proveedores de bienes y servicios, drena las finanzas de los usuarios. Ninguno de esos resultados es aceptable y ambos tienen importantes repercusiones.
Por eso preocupa la cadena de errores cometidos por la Aresep a la hora de calcular el precio de los combustibles. La estimación midió la tasa de rentabilidad de los distribuidores a partir de una cifra errónea: 0,15 en lugar de 1,15. La alteración arrojó el resultado de una rebaja de ¢4 cuando en verdad correspondía un aumento de ¢5. Ahora es preciso anular el descuento, aprobar el aumento y mantenerlo durante 22 meses para resarcir a los distribuidores.
No hay certeza sobre la posibilidad de lograr el equilibrio con rapidez. La resolución que adoptó la rebaja está en firme y agotó la vía administrativa. Los distribuidores ya recurrieron al contencioso administrativo. Existe la posibilidad de que la resolución adoptada el martes sea nula, en cuyo caso los abogados deberán trabajar con celeridad para hallar la forma de restablecer el equilibrio del precio.
Preocupa, también, el error cometido con la aplicación de una metodología distinta a la vigente durante los últimos 22 años. Las normas adoptadas en 1991 adolecen de importantes defectos, según el regulador general, Dennis Meléndez, pero no pueden ser abandonadas antes de aprobar reglas sustitutivas.
El funcionario admite importantes grados de subjetividad en los cálculos hechos a partir de la metodología vigente. El problema ha existido “toda la vida”, afirmó, y es preciso remediarlo. A la cifra errónea utilizada para el cálculo se suman, entonces, la falta de aplicación de la metodología vigente y las décadas de indiferencia a los defectos detectados en esa metodología.
“El problema surge cuando se empiezan a dar variaciones. Empezamos a hacer sumas y restas bastante incómodas y se terminan produciendo estos errores”, dice el regulador Meléndez. Es válido, entonces, preguntarse cuánto deben costar en realidad los combustibles y cuáles debieron ser los resultados del cálculo en cada momento del pasado. Cuando se enderece el entuerto del último resultado, aún tendremos un precio cargado de subjetividad y calculado con una metodología cuyas deficiencias son admitidas por la Autoridad Reguladora.
Los distribuidores de combustible exigen a la Aresep sentar responsabilidades por el error cometido y el regulador promete estudiar el caso para decidir si amerita la apertura de un expediente administrativo, pues se trata de “un error muy de bulto”. El principio de la rendición de cuentas y el establecimiento de responsabilidades es una práctica sana, pero importa más emprender las acciones necesarias para remediar las deficiencias sistémicas.
La Aresep también tiene, entre sus asignaturas pendientes, otras de igual importancia. Mucho más de una década ha transcurrido desde los primeros intentos de incorporar criterios de calidad a las estructuras tarifarias, especialmente las del transporte público. Se han pagado consultorías, se han hecho estudios y los resultados no pasan de la obligación general de la entidad de velar por las condiciones en que se prestan esos servicios. Esa misión no siempre se cumple.
