EscucharEl Gobierno de la República, una vez más, adopta una decisión errónea sobre el problema de la importación, producción, comercialización y consumo de arroz en Costa Rica. En vez de favorecer a los consumidores más pobres, se inclina por proteger a los productores menos eficientes y, de paso, continuar favoreciendo a un pequeño grupo de industriales y productores grandes. La decisión, cuya redacción aún no se conoce enteramente, genera más dudas que respuestas.
El pasado jueves, se dio a conocer la noticia de que el Gobierno limitará la importación de arroz más barato. Se trata del arroz pilado, cuyo impacto es más directo en el bolsillo de los consumidores. Siempre se permitirá la importación de arroz en granza –el país no produce la totalidad para abastecer el mercado local–, que resulta más barato, pero esta modalidad no beneficia directamente a los consumidores, pues solo la pueden aprovechar algunos grupos privilegiados, definidos por la Corporación Arrocera. Estos importadores lo mezclan con grano de producción nacional, más caro, para hacer el componente denominado 80/20 (80% grano entero y 20% grano quebrado), que siempre resulta más costoso para el consumidor nacional.
De acuerdo con la información recabada por este diario, se estima que el arroz importado es un 20% más barato que el de producción nacional. Pero, para asegurar que no se podría importar libremente ese grano esencial para la dieta de los costarricenses, se aumentará el gravamen de un 35% a un 62,06%. Es, sin ninguna duda, uno de los impuestos más regresivos del sistema impositivo costarricense. También, el que produce efectos más distorsionantes en la producción nacional –estimula la ineficiencia productiva– y el más cuestionable desde el punto de vista social, pues auspicia una mala distribución del ingreso. El número de personas que consumen arroz en el país ronda los 5 millones, mientras que los grandes productores e industriales beneficiados directamente por el proteccionismo son apenas un puñado.
Para justificar la medida, el ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos, asevera que, de permitirse la libre importación, se podrían perder alrededor de 40.000 empleos, una cifra no comprobada. Omitió decir que los beneficios de la protección se acreditan en mayor proporción a los grandes industriales y productores mediante el mecanismo de distribución de cuotas y fijación de precios. Según estudios reseñados en nuestro editorial sobre el tema, intitulado “Liberar el precio del arroz”, son precisamente esos grandes industriales y productores los que capitalizan los subsidios involucrados en la protección.
Otra argumentación del Ministerio de Economía es que, a largo plazo, la mayor productividad inducida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y definida con muy poca precisión, permitirá bajar los precios al consumidor. Pero no hay ninguna garantía de que así sucederá, ni del costo de esa mayor productividad inducida. La única verdadera garantía de que el productor nacional aumentará la productividad es permitir la competencia del exterior, libre de aranceles, cuotas selectivas, acomodaticias y personalizadas, que resultan discriminatorias y socialmente regresivas. Es más, el propio Gobierno lo sabe. Por eso, dijo estar dispuesto a reducir el precio actual en un 4%, “para acercar más el precio local al prevaleciente en el exterior”, según el Ministerio de Economía, en una acción que solo puede catalogarse de populismo temporal. ¿Por qué no anuncia un calendario para bajar el precio de esa variedad en un cierto porcentaje semestral, hasta igualarlo al precio internacional? Eso sería mucho más eficaz para garantizar la pretendida mayor productividad.
También es falaz la argumentación de que la importación de arroz, dejada por la libre, no se traduciría en una reducción del precio a los consumidores. La realidad visible en la gran mayoría de los países con sistemas económicos más abiertos y transparentes evidencia lo contrario. Es más, la Organización Mundial de Comercio, organismo especializado en la materia, argumenta que sí bajaría y, por eso, ha venido insistiendo en que Costa Rica reduzca los aranceles y libere la comercialización de granos. El Gobierno, desafortunadamente, ignora sus recomendaciones y, más bien, las desafía, a sabiendas de las repercusiones legales que podría tener.
Ante una medida que, desde ahora, se visualiza proteccionista, populista, discriminatoria, ineficiente y clientelista, violatoria de la libertad de comercio y el principio de igualdad, contraria, además, al interés nacional, lo menos que podrían hacer los representantes de los consumidores de Costa Rica y demás personas afectadas es impugnar los decretos en los tribunales de justicia. Esperamos que así lo hagan y que la resolución ampare a los más desprotegidos de la sociedad costarricense.
