Opinión

EDITORIAL

“Enemigos” ficticios y reales

Actualizado el 21 de julio de 2015 a las 12:00 am

Con su intransigencia, los miembros del Consejo de la UCR debilitan a la institución

El respeto y la verdadera transparencia deben ser guías de las autoridades universitarias

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“Enemigos” ficticios y reales

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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica adoptó el 17 de este mes, y publicó en nuestra edición del pasado domingo, un “pronunciamiento” que, por su ligereza conceptual, pobreza analítica, desdén por los hechos e intransigencia, no solo irrespeta al grueso de la comunidad universitaria –que está muy lejos de sus simplismos de barricada–, sino que daña a la propia institución y debilita su capacidad para intervenir con serenidad, apertura y credibilidad en los grandes debates nacionales.

Quienes conocen el Estatuto Orgánico de la UCR saben que los criterios de su Consejo solo tienen representatividad institucional cuando se refieren a “los proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa, de conformidad con lo estipulado en el artículo 88 de la Constitución Política”. En el resto de los casos, sus “pronunciamientos” simplemente reflejan los criterios o prejuicios personales de sus integrantes. Así ocurre con el texto al que nos referimos, titulado “Ante los ataques perpetrados en contra de la Universidad de Costa Rica y otras instituciones públicas”. Pero como casi nadie conoce el mencionado Estatuto y el Consejo no ha hecho nada por aclararlo, sus exabruptos y simplismos afectan a la UCR en su totalidad.

El texto, de entrada, descalifica las informaciones y criterios emitidos “por diferentes medios de comunicación” y “algunos diputados”, que no identifica, como “ataques malintencionados” contra “instituciones públicas emblemáticas”. Más aún, descubre tras ellos una siniestra conspiración “para lograr el desprestigio y desmantelamiento del Estado social costarricense”, “desacreditar el sistema salarial público” y promover “un modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos”, de lo cual forma parte el pago de “injustos salarios” en el sector privado.

Es decir, para las señoras y los señores del Consejo, quienes se atrevan a cuestionar los vicios del desarticulado sistema de remuneraciones del sector público, quienes señalen –como han hecho el propio rector y el contralor de la UCR– que el esquema salarial de esa institución es insostenible y quienes crean en la importancia de la actividad económica privada para generar riqueza, son enemigos que perseguir, no personas con criterios distintos e inquietudes legítimas por atender y responder.

Nada más lejos que esa actitud de un elemental espíritu universitario; nada más cerca de un absoluto desdén por el rendimiento de cuentas ante los ciudadanos que pagan impuestos para mantener un Estado que nos pertenece a todos, y nada más perjudicial para las propias instituciones de las que se proclaman defensores, incluida la UCR, que es un patrimonio nacional. Cuando los miembros del Consejo se apropian de una representatividad que no tienen en estos casos para hacer aparecer su intransigencia como si fuera una posición oficial, irrespetan a la comunidad universitaria. Y cuando usan recursos públicos para divulgar esos criterios personales incurren en un claro desliz, por decir lo menos.

La Rectoría, voz oficial de la UCR en el caso de la gestión administrativa y salarial, ha mantenido en este asunto el nivel de serenidad y respeto que se espera de las autoridades universitarias. Su corrección verbal, sin embargo, no ha implicado una transparencia real. Aunque tanto el rector, Henning Jensen, como la directora de divulgación, Wajiha Sasa Marín, dicen que su planilla está a disposición de todo ciudadano, lo cierto es que esta carece de los detalles necesarios para identificar la mayoría de los cargos de la institución y, por tanto, saber cuánto se les paga a qué tipo de funcionarios. De acuerdo con ese ficticio ejercicio de transparencia, por ejemplo, en la UCR no existen choferes, misceláneos, conserjes u oficiales de tránsito, sino categorías identificadas con denominaciones genéricas y códigos inasequibles para los mortales, que muy poco aclaran.

Fue esta planilla totalmente omisa, correspondiente a junio, la que la institución, a solicitud de este medio, remitió a La Nación antes de nuestra información del miércoles 15. Si nos hubiéramos basado en ella, el público se habría quedado en ascuas. Por ello, utilizamos la información más reciente proporcionada por el Sistema Central de Recaudación (Sicere), que maneja la Caja Costarricense del Seguro Social, correspondiente a octubre del pasado año. En ella los cargos sí aparecían con sus nombres verdaderos, no con los códigos administrativos.

Si la UCR, en un genuino ejercicio de apertura, hubiera divulgado la información como debe ser, obviamente habríamos usado los datos más actualizados. Aún estamos esperándolos.

El manifiesto político (más que pronunciamiento institucional) del Consejo, así como la opacidad demostrada hasta ahora por la Rectoría, demuestran que las autoridades universitarias aún deben recorrer un largo camino para asumir sus responsabilidades plenas hacia la sociedad por el uso de los recursos públicos y corregir las distorsiones que afectan su desempeño administrativo. Esperamos, además, que sus funcionarios más responsables –la mayoría– se percaten de que el peor “enemigo” de una educación superior pública de excelencia está dentro, no fuera, de la institución, incluso en sus más altas instancias colegiadas.

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