El mejor manejo de la deuda pública es operar con presupuestos equilibrados. Cuando tal no es el caso, como ocurre con el presupuesto nacional, solo queda el manejo prudente del endeudamiento, de modo que tasas y plazos sean los más favorables. En ese momento, la decisión de endeudarse en el exterior o en el país adquiere la mayor importancia.
Ante el gran problema del déficit fiscal, que obliga al Estado a endeudarse hasta para pagar gastos corrientes (sueldos, mantenimiento de obra, intereses), con clara violación de disposiciones legales, la administración Solís Rivera está considerando la posibilidad de financiar una parte importante mediante títulos de deuda en dólares, que colocaría en el exterior.
Ante esos planes, la primera consideración es que la emisión de deuda pública en moneda extranjera, para ser colocada en el exterior, requiere de aprobación legislativa. No es una simple decisión administrativa. La colocación de deuda afuera tiene la ventaja de no presionar, a corto plazo, el mercado financiero doméstico. Así se evita afectar la disponibilidad de crédito para el sector privado y elevar la tasa de interés de mercado. Pero la deuda externa tiene un costo, que actualmente podría ser elevado por la calificación internacional de riesgo soberano de Costa Rica, que es de tipo especulativo, y por la tendencia al alza de las tasas de interés internacionales.
Además, el endeudamiento externo expone al gobierno al riesgo cambiario y, en el futuro, cuando deba hacer pagos de amortización e intereses, le saldrían más caros si se hubiera experimentado una devaluación, como parecen indicar las circunstancias. Por otra parte, la necesidad de comprar divisas para hacer el servicio de la deuda pondría presión sobre el tipo de cambio y sobre el sistema financiero si se financia mediante la colocación de títulos de deuda interna. En otras palabras, y haciendo eco del decir popular, en el futuro saldrá la jarana.
Colocar deuda en dólares u otra moneda extranjera solo atiende un problema temporal de tesorería. No es la solución sostenible que exigen las finanzas públicas. La solución sostenible consiste en controlar o reducir la tasa de crecimiento del gasto público y dotarlo de mayor eficiencia. Lograrlo permitiría pensar en una reforma fiscal que racionalice el esquema tributario del país (por ejemplo, transformando el impuesto de ventas en uno al valor agregado, eliminando exenciones improcedentes, etc.), sin renunciar a recursos fiscales frescos.
De momento, el Ministerio de Hacienda no tiene claro el costo de colocar deuda en el exterior y no puede establecer si le resultará más barato que financiarse en el país. No es improbable que, dada las distorsiones en el mercado financiero local (encajes y altos costos de intermediación), la colocación de deuda afuera resulte inicialmente más barata. Pero al costo se le deben sumar los inconvenientes señalados, en particular los relativos al riesgo cambiario del Ministerio de Hacienda y la presión que en el sistema financiero nacional ejercerá buscar los recursos crediticios para el pago de la deuda.
El país necesita atender el problema fiscal de una vez por todas en su origen: el elevado y creciente gasto corriente y la incapacidad de generar recursos frescos. La Asamblea Legislativa –como órgano que finalmente aprueba o imprueba el presupuesto nacional y los tributos– tiene una enorme responsabilidad.