Opinión

EDITORIAL

Empleo improductivo

Actualizado el 31 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

Difícilmente se puede administrar con eficiencia una ‘empresa’ estatal, como un banco comercial, cuando parte de su función es servir de empleador de última instancia

Ningún trabajo es totalmente seguro, menos en los tiempos modernos. La educación continua de la fuerza laboral es el antídoto y así debemos entenderlo todos

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La creación de empleo por la mera creación de empleo no constituye un fin económico aunque se haga para reducir el nivel de desocupación en un país. Esa finalidad puede lograrse con solo contratar unas cuadrillas para hacer huecos en las calles y otras que vayan detrás tapándolos. Como ese ejercicio no produce riqueza social, no habrá de dónde sacar los recursos financieros para pagar los salarios de los trabajadores sometidos a tan peculiar experimento.

Ante las dificultades por las que atraviesa al Banco de Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) –que con el paso de los años dejó de concentrarse en el sector agrícola y en la provincia de Cartago, y ahora se ha anunciado que ni siquiera seguirá operando como banco–, la administración Solís ha concebido una “solución”: dedicar lo que queda de la entidad a la administración de la banca de desarrollo, para lo cual se cuenta con fondos obtenidos, entre otros, del resto del sistema financiero nacional.

La propuesta plantea al menos dos interrogantes. La primera es si el equipo humano de Bancrédito, que tuvo problemas para desempeñarse como operador de un banco comercial, puede ejercer con propiedad las funciones requeridas por la banca de desarrollo. La segunda es si el sector público debe actuar como empleador de última instancia. Nos referiremos únicamente a la segunda pregunta y dejaremos para su momento la respuesta a la primera.

Buscar ocupaciones alternativas a funcionarios de entes públicos que pasan por procesos de “reforma” ya es una costumbre en Costa Rica. No basta que nuestro sistema de seguridad social cubra a quienes hubiera sido necesario despedir por reorganización o cese de actividades, aunque los pagos por cesantía en el sector público son generosos. A menudo se toma la costosa senda de buscarle nuevas tareas a la entidad “reformada” para mantener intacta su planilla. Se le asigna administrar fideicomisos de obra pública (aunque no cuente con la experiencia del caso), los comedores escolares, proveer la alimentación de hospitales o lo que sea. Así se pierde el ahorro producido por las reformas. Lo que la mano derecha hace, la izquierda lo deshace. La creación de empleo improductivo no ayuda en nada a la sociedad y de ello deben tomar notas las autoridades.

Según el propio gerente general de Bancrédito, parte de los problemas de liquidez y hasta de solvencia que enfrenta la entidad se debe a sus elevados costos de administración. En el sector privado, una parte importante de los costos de producción y administración son variables. Si la actividad baja, pueden ser recortados y de esa forma se mantiene la rentabilidad prevista. Pero, por alguna extraña razón, en el sector público todos los costos –en particular los que tienen que ver con salarios y cargas sociales– se consideran fijos. Difícilmente se puede administrar con eficiencia una “empresa” estatal, como un banco comercial, cuando parte de su función es servir de empleador de última instancia.

Si Bancrédito no puede continuar operando como un banco comercial, sujeto a la supervisión prudencial de la Sugef, entonces debe cerrar de manera ordenada. Sus clientes del pasivo (ahorrantes) no tienen que temer, pues las operaciones cuentan con la garantía del Estado, lo cual, dicho sea de paso, quizá estimuló el riesgo moral que explica su desorden financiero. Y los clientes del activo (deudores) tampoco, pues deberán seguir honrando sus obligaciones en la forma pactada, quizá ante otro intermediario que, a su precio de mercado, compre parte o toda la cartera crediticia de Bancrédito.

Procurar ocupaciones alternativas para los funcionarios no requeridos cuando la entidad deje de operar como banco no le corresponde al Estado. Ellos sabrán reubicarse y si se emplean en áreas productivas, le harán un gran favor a la sociedad. Ningún trabajo es totalmente seguro, menos en los tiempos modernos en que la constante es el cambio, como podrán atestiguar las telefonistas de antaño, los ascensoristas, los taquimecanógrafos y hasta los mensajeros. La educación continua de la fuerza laboral es el antídoto y así debemos entenderlo todos.

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