Opinión

EDITORIAL

Emergencia anunciada

Actualizado el 09 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Las medidas preventivas inmediatas pueden mitigar el daño de las inundaciones, pero no sustituyen las políticas permanentes de ordenamiento urbano.

Un régimen estricto de permisos de construcción es requisito esencial para la eficaz prevención de desastres.

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Las lluvias caerán con fuerza destructora esta temporada si se cumplen los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). La temporada de aguaceros será corta, pero intensa, y el resultado final, una precipitación 20% mayor que la habitual. Caída con ese ímpetu, el agua hará estragos.

La emergencia está anunciada y, contra la práctica histórica, algunas municipalidades e instituciones vinculadas con la prevención de desastres han puesto manos a la obra. En Osa, la alcaldía anuncia el reforzamiento del dique de Palmar Sur y ya intervino el muro de contención de Ciudad Cortés. En Liberia y Puntarenas centro, los gobiernos locales limpian las alcantarillas y cunetas. El municipio porteño también tiene el ojo puesto sobre el dique del río Barranca.

Sin embargo, no todas las municipalidades muestran el mismo sentido de urgencia. David Meléndez, de la unidad de emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lamenta la lenta reacción de muchas de ellas. La sequía experimentada hasta ahora magnifica el peligro de deslizamiento en cerros de la zona de Los Santos y en lugares con fallas conocidas, como ciertas elevaciones de Santa Ana, Desamparados, Orosi, Acosta, Escazú y Aserrí. El terreno reseco y agrietado permite la rápida penetración del agua y aumenta el riesgo de deslizamientos.

La actitud preventiva de algunas comunidades es un avance, pero queda mucho por hacer. El problema no está solamente en el rezago de las municipalidades menos preocupadas por la prevención o carentes de los recursos necesarios para ponerla en práctica. Las medidas inmediatas pueden mitigar el daño pero no sustituyen la dimensión preventiva de las políticas permanentes sobre ordenamiento urbano e invasión de zonas peligrosas, no aptas para fines habitacionales.

Desamparados es un ejemplo dramático. Está entre los cantones más poblados y también entre los más castigados por el desbordamiento de ríos y otros fenómenos naturales, pero en su territorio la construcción clandestina es epidemia. Sin los permisos requeridos ni la intervención de criterio urbanístico alguno, las viviendas brotan en terrenos inestables o en las cercanías de ríos y quebradas.

El cantón josefino no es único en este aspecto. Datos revelados el año pasado dan cuenta de la construcción de 300.000 viviendas sin permiso municipal a lo largo de la última década. Si la ocupación promedio se ajustara a los datos del 2011 y hubiera 3,5 habitantes por vivienda, casi la cuarta parte de nuestra población viviría en construcciones clandestinas.

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Según Franklin Solano, coordinador de investigación de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), en algunos cantones el incumplimiento alcanza al 60% de las construcciones. Las cifras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos concluyen que una de cada cinco edificaciones se levanta sin los permisos municipales exigidos por ley.

En esas circunstancias, los esfuerzos preventivos desplegados de cara a la emergencia inmediata anunciada por el IMN son un valioso paliativo, pero no podrán impedir consecuencias lamentables. El estrechamiento de los cauces por el desarrollo urbano desordenado de las últimas cinco décadas es problema suficiente para pensar en la urgencia de no agravarlo.

Los permisos son necesarios para asegurar la solidez estructural y el apego de las edificaciones al Código Sísmico, pero también para garantizar la seguridad del lugar escogido para levantarlas. En consecuencia, se les debe ver como un factor esencial en la política de prevención de desastres. Lamentablemente, durante décadas no ha sido así y las consecuencias saltan a la vista.

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