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Editorial

¿Impuestos a la educación?

Actualizado el 18 de abril de 1995 a las 05:58 pm

Estimular la privada y bajar costos en la superior pública

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¿Impuestos a la educación?

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Un estudio preparado a solicitud del Ministerio de Hacienda sugiere, entre otras cosas, sujetar al pago de un impuesto los servicios de educación privada. A pesar de que solo se trata de una sugerencia, como informamos el 12 de los corrientes, el simple hecho de que se le haya dado publicidad oficial nos preocupa, pues hace ver que el Gobierno, en su empeño por obtener recursos, parece haberle puesto el ojo a todo lo que se mueva.

A la educación privada recurren las familias que quieren llevar a sus hijos una buena educación. Es un hecho que, en general, en las pruebas que sobre conocimientos académicos el Ministerio de Educación Pública periódicamente realiza, los jóvenes que mejor puntaje alcanzan son, precisamente, los que asisten a las escuelas privadas. Esto, desde el punto de vista educativo, ha de servir para que los programas de educación pública en los niveles primarios y secundarios se propongan alcanzar un mayor grado de excelencia.

Nuestra Carta Magna dispone que la educación básica es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Así, cuando los padres optan por enviar a sus hijos a centros educativos privados evitan que el Estado incurra en estos costos. Esto es bienvenido. No podremos, por tanto, gravar esta actividad, pues ante su encarecimiento artificial no es improbable que la escuela pública tenga que enfrentar niveles de matrícula muy superiores a los actuales, lo cual, dada la situación de las finanzas estatales, difícilmente podrá atender. Al contrario, bien harían las instancias públicas en adoptar esquemas que estimulen la matrícula en escuelas privadas y semipúblicas para que la oficial pueda, con los recursos limitados de que dispone, mejorar su calidad.

El impuesto a la educación privada fue concebido pensando que de ella participan mayoritariamente las familias de medianos y altos ingresos. Esto es verdad. Pero también es verdad que ese es el caso en las universidades estatales. Lo que procede, entonces, no es penalizar a quienes, al incurrir a la enseñanza privada, ahorran gastos al Estado, sino que hemos de adoptar mecanismos de recuperación de costos a nivel de educación superior pública.

Los autores del estudio que nos ocupa también sugieren al Gobierno gravar con un 20 por ciento el costo de los pasajes aéreos. Esta medida no sólo afectará al turista, en particular al de más bajos ingresos, sino que impondrá un costo mayor a la actividad empresarial que, en un ambiente de apertura, tiene el mundo por su mercado. Sin embargo, lo que quizá con más probabilidad ocurra, si tal propuesta fuera convertida en ley, es que en lo futuro los únicos pasajes aéreos que se venderán en el país serán con destino a Managua o Panamá y la porción restante será comprada en el extranjero a precios normales. Estaremos, así, explotando parte de una actividad turística que hoy deja valor agregado al país.

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En materia económica es clave asegurarnos que no introducimos innecesaria incertidumbre en el entorno en que operan los consumidores e inversionistas y, por ello, las autoridades económicas actúan mal cuando lanzan al ambiente noticias tributarias que no han sido objeto de un análisis riguroso, a tono con la realidad nacional.

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