EscucharEn la Administración anterior se hicieron varios esfuerzos por racionalizar las operaciones del Consejo Nacional de Producción (CNP). En la presente, por el contrario, se pretende ampliar sus funciones y tamaño, bajo la premisa de ser una institución “estratégica” para los agricultores. Ello involucraría, entre otras cosas, fuertes transferencias de dinero del Gobierno central y, quizás, de otros sectores de la economía.
Lo anterior plantea serias dudas en cuanto a su viabilidad y conveniencia. La primera tiene que ver con la esencia misma de una institución que, históricamente, ha generado pérdidas de operación. El CNP compra caro y vende barato, y a crédito, lo cual genera una doble distorsión económica. Por una parte, altera artificialmente el valor de mercado de los productos agrícolas que adquiere directamente de ciertos productores (subsidios directos), y, por otra, probablemente también subsidia a las entidades oficiales que adquieren sus productos. En esas operaciones de intermediación comercial no cobra bien, ni paga bien, y genera pérdidas de operación, a lo cual se une su burocracia e ineficiencia.
El CNP vende a instituciones públicas como el Ministerio de Seguridad (para las comisarías), al de Educación (para los comedores escolares), a Justicia (para las cárceles), y a la Caja Costarricense de Seguro Social (para los hospitales). ¿Por qué no pueden estas instituciones adquirir esos artículos directamente de los productores del mercado? El CNP, en realidad, se ha convertido en comerciante –mal comerciante–, en detrimento de sus propias finanzas y las del Estado.
Según nuestro reportaje de la semana pasada, el CNP tiene deudas por ¢3.325 millones este año, mucho de lo cual, presumiblemente, se adeuda a los agricultores, y también tiene problemas para pagar su planilla. Según se reportó, en el 2015, requerirá una suma mayor –¢4,415 millones–, lo cual indica que algo anda mal en sus operaciones. Es importante determinar con más precisión si es un problema de exceso de burocracia o, más bien, de malas decisiones económicas y financieras.
En el 2010, la Asamblea Legislativa aprobó una partida presupuestaria superior a los ¢4.000 millones para reducir la planilla del CNP en 300 empleados y aliviar sus costos de operación, pero el esfuerzo fue infructuoso, pues apenas 160 de ellos se acogieron a la movilidad voluntaria. En este sentido, nos preocupa que la presente Administración, en vez de recortar la planilla, pretenda incrementarla para “revitalizar” la institución.
Las soluciones financieras esbozadas por las autoridades para sanear las finanzas del CNP también son fuente de dudas y preocupación. Se pretende financiar lo que parecerá ser un problema estructural con el producto de la venta de un activo valorado en ¢6.300 millones (ingreso no recurrente), de los cuales destinará el 50% a relanzar un nuevo programa de abastecimiento institucional, con resultados inciertos. Si ese programa no involucrara un cambio en la política de subsidios en las compras y/o ventas, rápidamente se generarían nuevas pérdidas de operación.
Por otra parte, las autoridades pretenden también trasladar una partida por ¢1.300 millones que el Ejecutivo solicitaría al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), así como efectuar una transferencia que se incluiría en un presupuesto extraordinario que prepara el Gobierno de la República. Pero ninguno de esos fondos se haría condicionado a una reestructuración profunda del CNP, ni a un replanteamiento de sus funciones y operaciones.
El temor que nos asalta es que el Gobierno solicite esas partidas de una manera pura y simple, sin ningún plan de reestructuración de costos, o que los diputados las aprueben sin condicionarlas a la realización de cambios de fondo para depurar sus finanzas y –más importante aún– garantizar que sus operaciones no distorsionen los precios de mercado de los productos ni la correcta asignación de los recursos productivos.
Finalmente, tenemos muchas dudas de que los diputados deban aprobar nuevas transferencias, a cargo del presupuesto nacional, al CNP, pues involucraría gastos adicionales sin el correspondiente contenido presupuestario, e implicaría un peligroso incremento en el déficit financiero del Gobierno central, que ya ronda el equivalente al 6% del PIB, en momentos en que se apresta a exigir mayores sacrificios al sector privado, sin que, a la fecha, se haya visto nada concreto en la reducción del déficit fiscal por la vía del gasto.
