EscucharNuestra Cancillería es cauta, como corresponde, a la hora de evaluar el propósito de los trabajos de dragado hechos por nicaragüenses en el río San Juan. Todas las evidencias físicas apuntan a la apertura de una trocha capaz de desviar el cauce del río a la primera crecida, con lo cual cercenaría un par de kilómetros cuadrados al territorio nacional y despejaría la ruta fluvial para facilitar la navegación hacia el Atlántico.
El desvío del río correría la orilla demarcadora de la frontera y una porción de tierra que hoy está del lado costarricense quedarían ubicada en la otra margen, es decir, en Nicaragua. El desvío secaría parte de los humedales hoy existentes e inundaría otros, de forma que el daño ecológico sería inevitable.
El vicecanciller Carlos Roverssi dijo no tener claras las intenciones del dragado y solo se animó a contemplar el desvío del río como una posibilidad. Hace bien en ejercitar la cautela, porque el objetivo de nuestra diplomacia es la defensa de la soberanía, sin acrecentar la intensidad del conflicto. Hablar de la “posibilidad” basta para que el Gobierno de Nicaragua entienda que la Cancillería costarricenses está bien informada de sus mal disimuladas intenciones.
La trocha no llegó a unir el río con la laguna Los Portillos, pero no hay duda de que llevaba esa dirección de forma que la lengüeta de tierra entre ambos cuerpos de agua se inundara apenas se diera una crecida. El caudal no encontraría resistencia en el área deforestada y, para acelerarlo, los nicaragüenses también despejan obstáculos de su lado.
En el área deforestada, los troncos yacen uno tras otro. El sentido del trabajo, entonces, no fue la extracción ilegal de madera. Tampoco se presta la zona para la agricultura y si esa era la intención, los trabajadores habrían limpiado el terreno. El equipo de dragado vertía el sedimento sobre suelo costarricense y el trazo de la trocha, amén de no dejar duda sobre el propósito de alcanzar la orilla de la laguna, tiene un ancho similar al del cauce actual.
La primordial intención no es despojarnos del terreno talado. De hecho, el desvío del cauce dejaría, aguas arriba, una porción de humedales nicaragüenses del lado nacional. El verdadero objetivo es facilitar el acceso al Atlántico. El despojo de suelo nacional y el grave daño ecológico es tan solo el medio para lograrlo.
Sin embargo, es difícil creer, a partir de la destemplada respuesta del Gobierno nicaragüense a la protesta de nuestro país, que los objetivos se limitan a la modificación del terreno físico. En el terreno político interno, los conflictos por el río San Juan brindan réditos electorales a quienes gobiernan Nicaragua y no puede ser casualidad el surgimiento de este incidente ahora que el país vecino se encamina a las urnas.
Esta circunstancia es razón de más para la cautela en nuestra Cancillería, nuestro Gobierno y entre los costarricenses en general. La carnada política vertida en las aguas del San Juan no debe ser mordida. El Gobierno de Daniel Ortega debe saber que Costa Rica conoce sus intenciones y será firme en la defensa de sus derechos por los medios que siempre ha empleado y él no logra entender. La diplomacia y la ley son nuestros baluartes y en ellos debemos confiar, sin permitir la siembra del odio entre dos pueblos hermanos merecedores de relaciones más armoniosas, conducentes a un espíritu de comprensión y cooperación.
El Gobierno costarricense no debe ceder un ápice en la defensa de nuestro suelo, nuestros derechos de libre navegación y nuestro particular interés en la protección de la ecología. Debe actuar con prudencia porque entre los gobernantes de la otra margen del río, esa virtud escasea.
