Opinión

EDITORIAL

Disparidad de ingresos y salarios

Actualizado el 31 de marzo de 2014 a las 12:00 am

Se impone la aprobación de una ley para racionalizar las remuneraciones del sector público con sentido de la equidad, igualdad y la precariedad de la situación fiscal

Urge una política de empleo más comprensiva y efectiva que la que hasta ahora hemos tenido en los sectores público y privado.

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Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dado a conocer por La Nación la semana pasada, confirma lo que hemos denunciado en varias oportunidades: la brecha entre los ingresos y salarios de los distintos grupos de trabajadores costarricenses se ha ampliado significativamente, y es una de las causas del deterioro en la distribución del ingreso.

El problema ha sido muy claramente identificado: el ingreso de los patronos y los servidores públicos creció mucho más rápidamente en la primera década de este siglo que el correspondiente a los trabajadores privados. En efecto, la tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos de los patronos, según el estudio, fue de un 5,1%, y el de los trabajadores del sector público llegó a un 2,9%. En cambio, la remuneración promedio de los trabajadores de la empresa privada apenas subió un 0,4%, lo que revela un virtual estancamiento real. Como consecuencia, la brecha entre las remuneraciones nominales de unos y otros se ha acrecentado, provocando el deterioro que ya habíamos anunciado en la distribución del ingreso.

Sabemos, desde luego, que las cifras promedio pueden resultar algunas veces engañosas, en el sentido de no revelar con suficiente detalle las disparidades entre las personas ubicadas en las distintas ocupaciones de una misma categoría, y bien puede suceder que algunos perciban mucho más que otros en ese mismo nivel laboral, como podría ser el caso, por Ej., de una secretaria en el ICE o Recope, comparada con otra en el Ministerio de Gobernación, o un abogado en esas mismas instituciones en relación con otro en una municipalidad. Pero, en términos generales, hay disparidades tan grandes en los distintos sectores de trabajo que se deben solucionar.

En el caso de los patronos, las diferencias probablemente obedezcan a las condiciones imperantes del mercado, que asigna una remuneración proporcionalmente mayor a las labores de dirección de las empresas y a personas independientes con actividades lucrativas, que a las labores de ejecución y producción. Pero en el caso de los servidores del Gobierno y sus instituciones no se puede afirmar que las remuneraciones obedezcan a condiciones de mercado, pues en el sector público otras son las fuerzas que prevalecen. Corren conjuntamente la presión sindical, la desidia e irresponsabilidad de los jerarcas, muchas veces motivados por consideraciones políticas y, al final, nadie defiende los intereses del Estado.

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El problema de los niveles de salarios prevalecientes en el sector público, incluyendo todos los beneficios adicionales como las anualidades, prohibición y dedicación exclusiva, pluses salariales, horas extras, bono escolar y demás beneficios, fue identificado claramente durante la presente Administración, se elaboró un anteproyecto de ley y se intentó entablar negociaciones con los sindicatos del sector público, sin ningún éxito.

El ministro de Hacienda, Édgar Ayales, retomó el tema en sus análisis de la situación de la hacienda pública con el objeto de plantear soluciones para decisión política. A estas alturas, el problema permanece insoluto y es causa de las serias divergencias salariales y de distribución del ingreso, y también de la crisis fiscal. Y mientras no se resuelva, continuarán la mala distribución del ingreso y el impacto del déficit fiscal en otras variables, como la deuda pública y las tasas de interés. Se impone la aprobación de un proyecto de ley para racionalizar las remuneraciones del sector público conforme a estándares de equidad, igualdad y la precariedad de la situación fiscal.

Las remuneraciones de los trabajadores del sector privado, prácticamente estancadas en el período analizado, también requiere su debido análisis y, a la vez, una modificación de las políticas públicas.

Debe reconocerse, como punto de partida, que la mejor forma de generar trabajo e incrementar los salarios es mediante una vigorosa economía, que la producción crezca a tasas muy superiores a las registradas últimamente. Varios factores internos y externos gravitan en su contra, incluyendo la prolongada crisis económica internacional y la propia situación fiscal que hemos comentado en varias oportunidades.

Pero también hay otras causas que inciden en las bajas remuneraciones en distintos subsectores del sector privado que afectan, desde luego, los promedios. Tal es el caso de ciertos productores del sector agrícola, donde la abundancia de trabajadores, incluyendo extranjeros, impide que las remuneraciones crezcan como lo hacen en otros sectores más dinámicos, como servicios profesionales, técnicos, bancarios y financieros. En algún momento el país tendrá que analizar la conveniencia de mantener una política de inmigración tan amplia como hasta ahora, y valorar mejor las calificaciones de los trabajadores y sus correspondientes aportes a la economía nacional, de conformidad con la carestía de los distintos sectores y subsectores.

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Otros factores que inciden en la disparidad de las remuneraciones son la innovación tecnológica, no siempre asequible a los trabajadores de mayor edad y con bajos niveles de escolaridad, la apertura comercial, también ligada a sectores más dinámicos que exigen conocimientos que no poseen trabajadores ligados a otros sectores tradicionales, como el agrícola, y las muchas fallas en los sistemas y niveles educativos, en donde ha habido mejoras substanciales pero siempre hay campo para mejorar. Se requiere, en suma, de una política de empleo más comprensiva y efectiva que la que hasta ahora hemos tenido en los sectores público y privado.

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