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EDITORIAL

Directriz insólita

Actualizado el 27 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

La presidenta ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comprar la energía más limpia y barata disponible en el mercado

La apertura a la generación privada es una necesidad cada vez más sentida y si en el pasado se hizo mal, eso no impide enmendar los errores en la actualidad

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Una insólita directriz presidencial ordena al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comprar la energía más limpia y barata disponible en el mercado. En buena hora la presidenta Laura Chinchilla y el ministro de Ambiente, René Castro, firmaron el documento. Lo insólito está en la necesidad de suplir con una orden de la mandataria la falta de sentido común de la institución y su escaso compromiso con el bienestar nacional.

El ICE es propiedad de todos, repiten los eslóganes, pero actúa para sí mismo y para perpetuar los beneficios de un grupo muy reducido de la población. La entidad prefiere contaminar el ambiente y pagar tres o cuatro veces más, con tal de producir la electricidad en sus plantas y no comprarla a otros generadores. Luego, pasa la factura al consumidor y parte sin novedad.

Según el ministro Castro, el costo por kilovatio en la contaminante planta de Garabito ascendió a $0,2875 en el 2011, con lo cual el costo de 22 gigavatios se elevó a $6,3 millones. Otros generadores produjeron electricidad limpia, ese mismo año, al son de $0,0883 por kilovatio. El consumidor nacional se habría ahorrado $4,4 millones y el ambiente varias toneladas de emanaciones si el ICE hubiera apagado sus máquinas para contratar la producción con terceros.

El estado de cosas es asombroso, pero la perplejidad aumenta cuando se considera que, en esta oportunidad, el debate no es sobre la admisión de nuevos generadores. Versa, más bien, sobre el aprovechamiento de capacidades ya instaladas. Ni siquiera se trata, en este caso, de combatir los irracionales prejuicios contra la generación privada en el sentido usual del término. Hay cooperativas y empresas municipales con posibilidad de competir, por limpieza y precio, con las plantas térmicas del ICE.

El ministro Castro confirma la injustificada indiferencia del ICE ante la producción ajena: “A veces hemos generado energía térmica más allá de lo necesario, lo cual castiga a la empresa y al ciudadano”. El funcionario no cuantificó las “veces”, pero ninguna se justifica.

Además, la orden emanada de Casa Presidencial apenas se habría justificado si no fueran muchas, o por lo menos suficientes para hacerse notar.

La presidenta, en el acto donde se anunció la directriz, comentó, preocupada, el aumento del 80% en la electricidad a lo largo de los últimos cinco años. “Esto tiene un impacto terrible en los hogares costarricenses y un impacto devastador en la producción nacional”, afirmó. Añadamos el impacto dañino sobre el ambiente y no hay manera de explicar, con razones atendibles, el comportamiento del ICE.

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Tampoco es comprensible la actitud de la Asamblea Legislativa, donde yace la llave para incrementar la generación limpia y barata, con el beneficio adicional de crear empleo y atraer inversión. La apertura a la generación privada es una necesidad cada vez más sentida y si en el pasado se hizo mal, eso no impide enmendar los errores en la actualidad. Es necesario desterrar los prejuicios y adoptar una política energética nacional coherente con los recursos naturales y financieros disponibles, con el bienestar de la población en mente.

Cuando el ministro Castro dice que “a veces” se abusa de la generación térmica, lo hace pensando en la capacidad ya instalada. Los impedimentos al desarrollo de proyectos de generación privada implican un abuso más frecuente de los combustibles fósiles, del bolsillo de los consumidores y del ambiente.

La disponibilidad de recursos y el interés de la empresa privada quedaron comprobados recientemente, cuando ICE ofreció comprar 140 MW y recibió ofertas por 360. También hay prueba de la posibilidad de adquirir la producción a precios muy competitivos, pues la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fijó una banda para los oferentes cuyos extremos van de $0,08 a $0,12 por kilovatio hora y casi ninguno se apegó al polo superior. No cabe duda, tampoco, de la limpieza de esa energía, pues la invitación se limitó a plantas hidroeléctricas y eólicas. Sin embargo, los 220 MW ofrecidos en exceso no serán aprovechados.

Es un alivio saber que, cuando menos, la directriz impedirá el desperdicio del producto de generadores ya existentes.

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