La próxima fracción legislativa del Partido Liberación Nacional anunció su decisión de no postular candidatos al Directorio legislativo. El acuerdo podría entenderse como un gesto de generosidad, de no ser porque, al mismo tiempo, los liberacionistas ponen sus 18 votos a disposición de un Directorio opositor.
En otras palabras, los 18 legisladores del PLN se abstendrán de participar en el Directorio para poner los seis cargos de conducción del Congreso a disposición de los 11 diputados necesarios para conformar una mayoría de 29. Así impedirían la instauración de un gobierno legislativo del Partido Acción Ciudadana.
Seis son, precisamente, las fracciones cuya participación es necesaria para conformar un bloque opositor de 29 votos o más. Además de la bancada socialcristiana, con ocho diputados, hay cuatro del Movimiento Libertario, dos de Renovación Costarricense y tres fracciones unipersonales. Sumados al PLN, los opositores alcanzan 35 votos y, con los liberacionistas fuera de la contienda, los puestos disponibles parecen suficientes, sin contar la posibilidad de negociar nombramientos en comisiones cuya integración está a cargo de la propia mesa directiva.
La invitación al resto de los opositores a repartirse los cargos excluye, de entrada, la existencia de un programa sustancial y coherente para fundamentar la toma del Directorio. Hasta donde es posible discernir, el PLN no pretende ejercer la conducción en procura de determinados objetivos y tampoco ha demostrado interés en condicionar su apoyo a quien se comprometa con las iniciativas de su programa.
Por ahora, la única condición parece ser la exclusión del futuro partido de gobierno y, probablemente, del Frente Amplio, en este caso por razones más comprensibles, dado el distanciamiento ideológico, la naturaleza del debate en el curso de la campaña electoral y el hecho de que no se trata de una fracción de gobierno.
En ausencia de mayores explicaciones, estamos ante una versión todavía más despreocupada de la alianza opositora forjada en el 2011 para arrebatar al liberacionismo el control del Congreso, sin claridad de objetivos ni más propósito que impedir a los diputados oficialistas gobernar la Asamblea Legislativa. Cuando menos, en esa oportunidad las fuerzas coaligadas intentaron aparentar la existencia de un programa.
A su favor, el PLN podría alegar un mayor grado de coincidencia ideológica entre las fuerzas opositoras inclinadas a acudir a su llamado, pero eso no sustituye un acuerdo programático. Podría, también, argumentar justa retribución a las actuaciones del PAC en el 2011, pero no hay justicia en retribuir hechos pasados a costa del país y su estancamiento legislativo.
Si las razones esgrimidas por el PLN contra la alianza opositora del 2011 fueron buenas, el paso del tiempo y el cambio de circunstancias no les restan esa cualidad. La conveniencia de la gobernabilidad es la misma cuando se está en el poder y cuando gobierna el contrario.
El PLN tiene la responsabilidad de explicarse mejor, so pena de parecer dispuesto a ejercer la oposición a ultranza. Por lo pronto, giró un cheque en blanco a las demás fracciones opositoras. ¿Está interesado en presidir comisiones de importancia? ¿Pretende evitar la influencia del extremismo, cuyos votos a favor del PAC podrían quedar condicionados a iniciativas contrarias al credo liberacionista? ¿Hay acuerdo con los probables socios sobre los puntos más importantes del programa del PLN, como el tema de la generación privada? ¿Exploró con la fracción de gobierno la posibilidad de establecer una agenda común?
Las respuestas son fundamentales para despejar justificadas preocupaciones de un ejercicio de la oposición por la oposición misma, pensada para debilitar al rival y no para fortalecer al país.