Pascal Saint-Amans, director del Centro de Políticas y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Costa Rica aspira a ingresar, visitó recientemente el país. En entrevista concedida a este medio se refirió a dos temas de gran importancia fiscal: el financiamiento de la seguridad social y la estructura tributaria nacional.
El representante de la OCDE “tiene la percepción” de que las contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “son altas y tienen un alto impacto en el empleo”, con lo cual concordamos. Las altas cuotas a la seguridad social son una “cuña” entre lo que pagan los patronos y el ingreso neto de los trabajadores. Si esos pagos superan cierto nivel, atentan contra la creación de empleo formal. Costa Rica parece estar en el límite superior de esa cuña.
Sin embargo, la CCSS enfrenta serios problemas financieros que exigen una reforma estructural para reducir el déficit que, de no atenderse, se convertiría en una bomba de tiempo “cuasi fiscal”. Una solución teórica es cubrir una parte importante del costo de los regímenes administrados por la CCSS (Invalidez, Vejez y Muerte; Enfermedad y Maternidad) mediante el presupuesto nacional. Así, el efecto sobre el empleo se atenuaría. Sin embargo, en la práctica, nuestro Gobierno ya opera con un altísimo déficit corriente y no puede asumir más gastos.
Quizá con ese factor en mente, Saint-Amans sugirió “incrementar el impuesto sobre la renta a las personas físicas” para dotar de mayores recursos sanos al Estado. La recomendación no se refiere a las personas jurídicas, pues en un mundo globalizado las empresas tienen más, mucha más, movilidad que las personas físicas y un aumento en las tasas impositivas estimularía a muchas de ellas a abandonar el país, con los consecuentes problemas de desempleo y pobreza.
Pero un aumento del impuesto sobre la renta de las personas físicas difícilmente sería bien recibido. Por esas razones, la atención eficaz de los problemas señalados (el cuasi fiscal que enfrenta la CCSS y el del Gobierno Central) es actuar, en ambos casos, prioritariamente sobre el gasto y no sobre los ingresos. En la CCSS es necesario elevar la edad de retiro para ajustarla a una expectativa de vida más realista que la utilizada de base actuarial para el cálculo de las cuotas. Como se reconoce internacionalmente, los setentones de hoy son los sesentones de hace cinco décadas. Tienen igual salud y capacidad productiva, por lo que constituiría un desperdicio social no tener a muchos miembros de ese grupo etario incorporados a la fuerza laboral.
Como complemento de lo anterior, es preciso moderar los beneficios del IVM y revisar otros regímenes existentes. Las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional, por ejemplo, constituyen no solo una inequidad social sino una aberración fiscal.
En lo relativo al déficit del Gobierno, también se hace necesario adoptar medidas estructurales sostenibles para controlar el nivel y el crecimiento del gasto público, donde sobresalen las partidas de salarios, las transferencias tipo FEES y los destinos específicos. Por el lado de los ingresos, también procede —como recomendó el representante de la OCDE— fortalecer el “impuesto sobre las ventas”, transformándolo en un impuesto sobre el valor agregado de amplia base.
Confiamos en que las autoridades no van a hacer caso omiso de las recomendaciones del director del Centro de Políticas y Administración Tributaria de la OCDE, con las que se pueden atender dos serios problemas de la economía costarricense: déficit del Gobierno y déficit de la Caja Costarricense de Seguro Social.