“El tema es ver si el pago es irregular o, simplemente, alto”, afirma el viceministro de la Presidencia Luis Paulino Mora cuando se le consulta por las generosas dietas hasta de ¢5,3 millones pagadas a los directivos del Banco Popular. En otras palabras, si no hay irregularidad, el monto da igual en opinión del gobierno. Es “simplemente” alto.
Las declaraciones del viceministro implican un dramático giro de la administración Solís en esta materia. La voltereta es aún mayor en comparación con el discurso de campaña del entonces candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC). Durante las elecciones y en los primeros meses de su mandato, cuando los directivos bancarios eran de otro partido, al ahora presidente le preocupaban los pagos exagerados y no solo su regularidad.
Mucho criticó el PAC los salarios de gerentes bancarios y mucho habló de ética al criticar despilfarros en dietas de juntas directivas. Todavía en febrero del 2016, el mandatario reaccionó molesto ante denuncias de este diario sobre el acaparamiento de puestos y dietas en el Banco Nacional, cuyos directivos se nombraron a sí mismos en las directivas de las subsidiarias.
La reacción del presidente incluyó una petición para dar marcha atrás. La solicitud no fue atendida por los directivos hasta que la situación se complicó lo suficiente, pero el desacuerdo de la Presidencia con la actuación de la Junta fue inequívoco, por lo menos en la retórica, porque nada ha hecho la Casa Presidencial con el informe de la Procuraduría de la Ética sobre los directivos del Banco Nacional. Quizá la inacción se deba al cambio de política anunciado por el viceministro de la Presidencia, porque a ese ministerio corresponde impulsar el procedimiento administrativo.
Según el viceministro, en relación con las dietas del Banco Popular “no hay denuncia, salvo una opinión muy personal de cada quien sobre si el pago es excesivo o no”. La denuncia quedó planteada en un enorme titular en la primera plana de este diario. La noticia no trata sobre ilegalidad alguna, pero el PAC no se ha cansado de hablar sobre la inconveniencia de los excesos cometidos con remuneraciones en la banca. El problema no es de legalidad, sino de coherencia y cumplimiento de lo prometido.
La veracidad del titular y la información correspondiente no ha sido disputada. Quizá el viceministro espere un documento formal, como el dictamen de la Procuraduría de la Ética sobre el cual su despacho de todas formas no ha actuado. Quizá el país tenga derecho a esperar que la administración reaccione ante la noticia, como tantas veces lo ha hecho, en especial cuando no se trata de privilegios de los gobernantes.
En todo caso, en lo que al parecer sería una “opinión muy personal” del presidente, expresada en el 2016, el acaparamiento de puestos en las directivas de subsidiarias es inaceptable: “me parece que no conviene concentrar tanto, especialmente a propósito de los signos que hay que mandarle al país en un momento de estrechez fiscal como este (...). La concentración de dietas en pocas personas, creo que es una cosa que apreciaría mucho el Gobierno de la República que la banca, en el uso de sus potestades y autonomía, reconsidere. Parece que eso es lo que la gente espera”.
En efecto, la gente lo espera. Cinco directivos del Popular cobran hasta 25 sesiones al mes, a razón de ¢212.900 cada una. Son unas pocas horas al día para acumular hasta ¢5,3 millones en dietas, cuando un diputado gana ¢3,8 mensuales y un ministro obtiene ¢2,6 millones como sueldo base. No debe sorprenderse el viceministro si, en “opinión muy personal” de cientos de miles de costarricenses, las dietas son “simplemente altas”, especialmente en relación con las promesas de la administración.