Diagnóstico empresarial

Era de esperar un listado de problemas gremiales, circunscrito a las dificultades específicas que afectan al sector. Los diez puntos señalados a la mandataria, sin embargo, recogen una perspectiva mucho más amplia y coincidente con las preocupaciones expresadas en otros ámbitos de la vida nacional. El tema central es la gobernabilidad, incluyendo la necesidad de reformar el reglamento legislativo, el sistema de elección de diputados y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, todo con el fin de agilizar los procesos y superar el estancamiento político.

Como tantos otros sectores, los empresarios también piden mejorar la seguridad jurídica y ciudadana, la educación y la seguridad social, así como promover la economía formal. Comparten, con muchos otros costarricenses, el deseo de asegurar el futuro energético, conseguir la estabilidad macroeconómica y desarrollar infraestructura. De los diez puntos, solo dos pueden interpretarse como reclamos ajustados específicamente a los intereses del gremio, aunque tienen indiscutibles alcances para la sociedad en su conjunto: el apoyo a los sectores productivos y una revisión de la legislación laboral.

Las preocupaciones expresadas por el sondeo son reflejo fiel de la agenda nacional y evidencian un importante grado de comprensión de los retos a superar para impulsar el desarrollo. La perspectiva empresarial sobre estos temas no será compartida por todos los sectores, pero el listado demuestra una amplísima coincidencia nacional. El diagnóstico está hecho y es hora de emprender la discusión de las soluciones concretas.

La amplitud de la perspectiva empresarial dice mucho del gremio, capaz de comprender la importancia del entorno social y político democrático para el desarrollo de sus actividades específicas. En países no muy lejanos, la empresa privada no tiene la misma comprensión de la realidad y se enfrasca en el reclamo de ventajas específicas, sin mayor preocupación por el funcionamiento y la salud general del cuerpo político y social. Esa actitud, en colusión con los gobernantes, produce injusticia social, inestabilidad política y economías cerradas, donde el desarrollo empresarial depende de favores y privilegios otorgados por quienes detentan el poder.

La empresa privada costarricense, por el contrario, ha sabido adaptarse a las exigencias de una economía abierta y asume los elementos de nuestra estabilidad social y política como necesarios para la convivencia democrática y la prosperidad material. En esa tesitura, el aporte del empresariado al país va más allá de la creación de empleo y riqueza. Su voluntad confluye con la de otros sectores para diferenciar a Costa Rica entre tantas naciones donde el antagonismo entre los negocios y el bienestar social desemboca en el surgimiento de opciones radicales cuyo costo, a fin de cuentas, lo pagan tanto los empresarios como los sectores populares.

Ante la reunión de empresarios, la presidenta de la República reconoció la relevancia del diagnóstico: “'nos señala caminos que ya empezamos a recorrer, (y) debo reconocer que la Uccaep pone de nuevo sus dedos en las llagas, recordándonos que no debemos abandonar nuestro empeño en curarlas”. Las soluciones concretas son tarea conjunta del Gobierno y la sociedad civil, pero la coincidencia en el diagnóstico es un buen punto de partida.