Opinión

EDITORIAL

Destituciones de alto nivel

Actualizado el 29 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Para revocar el nombramiento de un magistrado, la ley señala un camino que la Constitución no continúa. Hay una laguna en el ordenamiento jurídico.

El desconcierto sobre la solución aplicable a estos casos puede desembocar, en determinadas circunstancias, en una crisis constitucional y política.

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La Corte Suprema de Justicia, con estricto apego al artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resolvió poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa el trámite de destitución del magistrado Óscar González, acusado de acosar sexualmente a una jueza.

Los magistrados celebraron 36 votaciones secretas hasta conseguir la mayoría de dos tercios exigida por ley para recomendar la revocatoria del nombramiento. También de conformidad con la ley, el acuerdo será puesto en conocimiento del Congreso “para que resuelva lo que corresponda”.

Hasta ahí, la adecuación del caso a ley no plantea dudas. El problema surgirá cuando los diputados intenten esclarecer “lo que corresponda”. El procedimiento de revocatoria del nombramiento no está expresamente previsto y en la Constitución Política, donde es razonable buscarlo, solo hay mención a la posibilidad de suspensión.

A tenor del artículo 121, inciso 10 de la Constitución, la Asamblea Legislativa puede suspender, por votación de dos terceras partes de sus integrantes, al presidente de la República, los vicepresidentes, los miembros de los supremos poderes y los ministros diplomáticos cuando sea necesario proceder contra ellos por delitos comunes.

El artículo 165 de la carta magna atribuye a la Corte Suprema de Justicia la facultad de suspender a un magistrado por votación secreta no menor de dos tercios del total de sus miembros si se declara “haber lugar a formación a causa” o por otros motivos contemplados en el capítulo correspondiente al régimen disciplinario del Poder Judicial.

Las disposiciones disciplinarias contemplan las faltas gravísimas y esa es la calificación dada por la Corte a la conducta del magistrado González. Cuando la conducta tiene ese grado de seriedad, el artículo 195 de la ley orgánica prevé las sanciones de suspensión o revocatoria del nombramiento, pero eso no resuelve el caso, porque el artículo 182 solo le permite a la Corte aplicar la suspensión. En caso de revocatoria del nombramiento, como quedó apuntado, debe poner la decisión en manos del Congreso “para que resuelva lo que corresponda”.

Tratándose de suspensiones, la correspondencia entre la Constitución y la ley es absoluta. Cuando de revocatoria del nombramiento se trata, la ley señala un camino que la Constitución no continúa. Hay una importante laguna en el ordenamiento jurídico.

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La simple lógica diría que si la Corte pone la recomendación de revocar el nombramiento en manos de la Asamblea Legislativa, es para que esta decida si la ejecuta, pero esa decisión difícilmente estará al alcance del Congreso si la Constitución no la prevé. Tampoco existe el procedimiento para emprender el curso señalado por la simple lógica. ¿Requiere la decisión de mayoría calificada, absoluta o simple? ¿Podría extraerse la solución por analogía de algún otro artículo de la Constitución?

El artículo 158 de la carta fundamental, por ejemplo, establece la reelección automática de los magistrados “salvo que en votación no menor de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario”. ¿Es esa la mayoría necesaria para la revocatoria del nombramiento cuando el plazo está lejos de expirar? ¿Será más apropiada la analogía con el procedimiento establecido para levantar la inmunidad?

El caso no tiene precedentes y pone de manifiesto la ausencia de un régimen de revocatoria de nombramientos o destituciones al más alto nivel. El impeachment establecido en las legislaciones anglosajonas, en particular la de los Estados Unidos, no ha sido adoptado por la nuestra. No hay claridad sobre los mecanismos aplicables y las omisiones encierran potenciales peligros para la institucionalidad. El desconcierto sobre la solución aplicable a estos casos puede desembocar, en determinadas circunstancias, en una crisis constitucional y política cuyos efectos dependerán de la gravedad de la situación concreta.

El riesgo es innegable y por eso reviste el mayor interés atestiguar si el Congreso encuentra una solución convincente para el caso del magistrado González o deja en evidencia, más bien, la necesidad de llenar la laguna legal.

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