Un acucioso asistente del Dr. Raúl Valverde Robert, jefe de la Sección de Cirugía del Hospital Calderón Guardia, notó la falta de coincidencia entre un grupo de facturas pasadas a cobro y los expedientes médicos con los cuales se justificó la adquisición de los bienes. Los pacientes nunca necesitaron los insumos de ortopedia comprados, no se utilizaron en sus tratamientos y, en algunos casos, se trataba de personas ya fallecidas.
El propósito evidente era defraudar a la seguridad social en más de $2,3 millones, suma total de las facturas cuestionadas. Valverde dio la voz de alarma y así comenzó una investigación cuya primera conclusión es, necesariamente, la existencia de un desorden imperdonable. Eso basta y sobra para justificar la adopción de medidas radicales, como la intervención del Hospital. Es, además, una confirmación de los peligros de la descentralización de la proveeduría de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Los investigadores están lejos de individualizar a los culpables, y la subdirectora del Hospital, Sandra Montero, se muestra perpleja cuando se le pregunta al respecto. La funcionaria, suspendida después de la intervención del centro médico, no logra aportar una sola clave y se limita a expresar sus sospechas sobre la existencia de una red de defraudadores, más allá de las paredes del Hospital.
En efecto, el monto de dinero y la cantidad de expedientes involucrados hacen pensar en un esfuerzo organizado, pero, por esas mismas razones, es difícil imaginar su existencia inadvertida, salvo por el acucioso asistente del Dr. Valverde. No puede ser más obvio que los procedimientos y controles del Hospital son ineficaces, al punto de lo imperdonable. Las dificultades constatadas para individualizar a los responsables lo confirman más allá de cualquier duda.
Hace unos 13 años, la Caja se propuso aumentar la eficacia de la gestión hospitalaria, dotando a los centros médicos de mayor autonomía en el manejo presupuestario, las contrataciones y la organización de los recursos humanos. En el 2013, reconsideró la llamada “desconcentración hospitalaria” y empezó a centralizar los procesos.
La administración central no está exenta de ineficiencias y hasta de incidentes de corrupción, pero el desorden en materia de contrataciones y compra de medicamentos, producto de la descentralización, fue grande y quedó demostrado mucho antes de aflorar el caso del Calderón Guardia. Los proveedores cobraban distintos precios a cada centro médico, a menudo superiores a los ofrecidos a la administración central de la Caja.
El riesgo de componendas se multiplicaba por el número de hospitales con proveedurías autónomas y, al mismo tiempo, los logros fueron magros. Las filas de espera en los hospitales descentralizados no eran menores y poco puede decirse de la mejoría de los procesos.
De conformidad con un documento publicado en su hora por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), “el traslado o descentralización de los procesos de compras institucionales ha generado gran ineficiencia en la contratación, así como el crecimiento de los costos por la imposibilidad de generar economías de escala por compras de gran volumen a nivel central”.
También, la Comisión de Notables establecida por la presidenta Laura Chinchilla para analizar la crisis de la Caja advirtió de la necesidad de “revertir el proceso de desconcentración”, porque “… lejos de traer beneficios, ha conllevado pérdida de economías de escala y contribuido a la desarticulación en la toma de decisiones. La desconcentración se ha limitado a la materia de compras, contratación de personal y presupuestaria, lo que ha resultado en casi 300 puntos de compra y la contratación de personal en más de 100, con resultados insatisfactorios”.
El caso del Calderón Guardia habla de la sabiduría de esas recomendaciones y de la necesidad de fortalecer los controles, aun en el marco de un sistema centralizado. La Caja no debe perder tiempo y aplicar cuanto antes, en toda la extensión posible, los sistemas de compras digitalizadas y el expediente único. Ambos recursos constituirían formidables barreras al desorden en el que florecen situaciones como la del Calderón Guardia.