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EDITORIAL

Desafío de los “picones”

Actualizado el 17 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Hurto, drogas, armas, conducción temeraria y agresión contra la Policía, todo en un solo paquete, en una arteria principalde San José

La Fuerza Pública y la Policía de Tránsito respondieron al reto con valentía y decisión. Merecen el reconocimiento de la ciudadanía, en especial los oficiales heridos

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La Policía de Tránsito intervino en la calle principal de Pavas, la noche del jueves, para impedir su uso como pista de carreras. Los “piques” organizados en el corazón de la capital atraen espectadores y convocan a decenas de conductores con autos modificados para alcanzar altas velocidades.

Como si el quebranto de la legalidad no fuera suficiente, los entusiastas del irresponsable espectáculo la emprendieron a pedradas contra la Policía. Tres oficiales resultaron heridos, por fortuna de poca consideración, y las tres patrullas llamadas para apoyarlos terminaron con la carrocería abollada y los vidrios rotos.

La Fuerza Pública decomisó drogas, y un comercio de la zona sufrió pérdidas por la sustracción de bebidas alcohólicas y otros artículos. Según la Policía, algunos de los presentes portaban armas, pero tenían los permisos en regla, motivo para reflexionar, una vez más, sobre la laxitud de la normativa vigente en esa materia.

Hurto, drogas, armas, conducción temeraria y agresión contra la Policía, todo en un solo paquete y en una arteria principal de San José, tomada semana tras semana por los “picones”. Es un monumento al irrespeto.

Las dos ramas de la Policía –Fuerza Pública y Tránsito– respondieron al reto con valentía y decisión. Merecen el reconocimiento de la ciudadanía, en especial los heridos. Corresponde ahora al Ministerio Público poner el empeño necesario para evitar la impunidad.

Solo uno de los “picones” fue arrestado. Podría ser condenado a una pena de entre uno y tres años de prisión. También se le podría inhabilitar para conducir hasta por cinco años. El ejemplo urge, como en el caso de los ocho arrestados por agredir a los oficiales.

El Código Penal castiga la resistencia a la autoridad con prisión de un mes a tres años. En presencia de circunstancias agravantes, la pena es de uno a cinco años de cárcel. Los sucesos del jueves comprenden tres de los cuatro supuestos del delito agravado: el ataque se hizo a mano armada, participaron más de dos personas y los detenidos agredieron a la autoridad.

No falta, pues, legislación para castigar a los responsables, aunque la ley de tránsito no haya entrado en vigor. Los policías, en especial los lesionados, deben saber que sus esfuerzos no son vanos. Los delincuentes, no importa su posición socioeconómica, también deben saber que no hay derecho a la impunidad.

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El contraste entre los “picones” y los oficiales agredidos no podría ser más indignante. Difícilmente un humilde servidor de la Fuerza Pública pueda aspirar a ser propietario de un auto como los utilizados en las carreras ilegales. Tampoco es aventurado presumir que sus oportunidades en la vida han sido menores. Los oficiales acudieron al llamado del vecindario, en la madrugada, para cumplir con su deber; los “picones” tienen, a esas horas, tiempo libre para perturbar la paz y poner en peligro a quienes se atrevan a circular por calles céntricas de la capital. Sin embargo, se dieron el lujo de agredir a los policías, con desafiante menosprecio para su autoridad y dignidad.

El conjunto de circunstancias reviste al caso de especial gravedad. No debe pasar inadvertido ni confundirse con tantos otros asuntos que agobian a la Fiscalía. Una fácil victoria judicial de los imputados solo servirá para estimular conductas reprochables cuyo único resultado, tarde o temprano, es la tragedia.

Nuestra legislación, a menudo tachada de permisiva, puede ser suficiente si conseguimos aplicarla. La Policía de Tránsito dice estar decidida a hacerlo. Su director, Diego Herrera, anunció el propósito de fortalecer los operativos contra las carreras clandestinas en coordinación con la Fuerza Pública. La nueva ley de tránsito proveerá de instrumentos adicionales para imponer el orden. Confiamos en que el Ministerio Público y los tribunales sabrán acompañar el esfuerzo.

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