El arribo de miles, quizás millones de refugiados sirios y afganos es la pesadilla que ronda por Europa, especialmente en Alemania, donde la política migratoria aperturista, pregonada y practicada por la veterana canciller Ángela Merkel, causa desconsuelo en países vecinos que la adversan. En el 2015, alrededor de un millón de refugiados ingresaron sin trabas a Alemania, al tiempo que Austria y las naciones escandinavas, sobre todo Dinamarca y Suecia, se han apresurado a limitar la bienvenida.
El problema de la canciller Merkel es, por un lado, de carácter electoral interno, pues su popularidad ha sufrido mella, y, por otro, tiene carácter internacional, manifiesto en un creciente aislamiento en el plano europeo. Nada de esto pareciera atenuar el ímpetu de la dirigente alemana. A pesar de sus promesas de recortar la cantidad de admisiones, aunque sin revelar números, Merkel se ha adentrado en el reino de la ambivalencia, en boga en otras latitudes, pero no en Alemania.
El programa alemán está detallado en una ley sometida al Parlamento. El proyecto demandaría que las autoridades rechacen de plano el ingreso, entre otros, de homicidas, criminales del sexo y responsables de otros delitos graves. Si los sindicados ya entraron, se deberá proceder a expulsarlos de manera expedita. La aprobación de esa legislación no parece enfrentar mayores escollos, pues el gobierno goza de una cómoda mayoría en la Asamblea. Aunque algunos parlamentarios vislumbran límites para la inmigración, su alegría choca con la negativa de la canciller a especificar números.
De cara a esta situación, la Comisión Europea (CE) ha urgido a Grecia a detener la avalancha de migrantes que arriban diariamente a sus costas para dirigirse a Alemania y las naciones escandinavas. Para atender la petitoria de la CE, las autoridades atenienses deberán exigir los datos personales de los migrantes así como documentos que corroboren su declaración. La idea es reducir de alguna manera lo que perfila convertirse en un aluvión humano.
En la vecina Dinamarca se han cerrado las posibilidades de mayor migración. Una ley aprobada el martes impone requisitos más prolijos a los peticionarios, incluida una confiscación en la frontera de los haberes del refugiado. El propósito de la polémica disposición es pasar a los migrantes una parte de la factura de gastos causados por su arribo. Además, para traer a sus familiares, el interesado deberá esperar tres años, lo cual tampoco garantiza que la petición sería concedida. Para ser admitido en Dinamarca, el peticionario deberá antes mostrar documentos válidos y oficiales de identificación sin los cuales el retorno a su respectivo país está garantizado. En cuanto a Suecia, el gobierno se propone expulsar 80.000 inmigrantes que no cumplieron las exigencias legales.
La situación apunta al problema más amplio de masas desvalidas carentes de los elevados perfiles educativos y, en general, sociales de las naciones receptoras. La obvia injusticia de rechazar ad portas a migrantes más humildes podría ser subsanada mediante un sistema europeo de educación estatal para niños y adolescentes que arriban en esas condiciones. De lo contrario, la atmósfera sombría de otros periodos históricos amenazaría con repetirse.
La inestabilidad del Medio Oriente, en particular las guerras desatadas en Siria y la expansión del llamado Estado Islámico, impulsan la huída de refugiados. La urgente solución de esos problemas no frenará la inmigración, pero también constituye un elemento clave de los esfuerzos por moderarla. Esa es una razón más para el involucramiento responsable de la comunidad internacional.