EscucharUn carril de ascenso de la carretera entre San José y San Ramón rodó por la pendiente creada por un derrumbe cerca de San Miguel de Naranjo. El carril ya no existe, pero detrás de él podría ir otro más. La carretera podría desaparecer si no se produce una rápida intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El problema se extiende a otros dos derrumbes en la misma zona, todos concentrados en el trayecto de un kilómetro. Las características del terreno, incluida la proximidad de una falla tectónica, favorecen deslizamientos capaces de interrumpir el tránsito por una de las arterias más importantes del país. Un sismo podría agravar la situación en cualquier momento.
El Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) advierte la existencia de otros tramos de la vía donde podrían ocurrir fenómenos similares y califica la intervención requerida como un asunto de urgencia. Sin embargo, el gobierno no ha podido reaccionar. Para evitar una doble contratación, se vio obligado a esperar la rescisión del contrato con la firma brasileña OAS, encargada de ampliar la vía siguiendo el modelo de concesión de obra pública.
La fallida concesión de OAS se resolvió la semana pasada mediante conciliación, con el pago de $35 millones a la empresa, pero el descuido de la vía en el sector de San Miguel ya dura cuatro años y sus efectos constituyen una creciente amenaza. A lo largo del proceso de concesión, primero adjudicada a Autopistas del Valle y luego cedida a OAS, los 57 kilómetros entre San José y San Ramón apenas se vieron beneficiados por contratos de mantenimiento destinados a resolver o disimular las fallas más evidentes.
Ahora, las declaraciones del Ministro de Obras Públicas Pedro Castro ofrecen poco aliento. Recuerda que al gobierno apenas le restan seis semanas en funciones y la reparación exigiría una licitación pública. Tampoco es posible cifrar esperanzas en la oferta alternativa planteada para sustituir a OAS en la tarea de ampliar la vía. El plan suscita importantes dudas relacionadas con los costos y su financiamiento. No se avizora, pues, una solución a corto plazo y mucho menos una salida definitiva, pero el país no puede sentarse, cruzado de brazos, a observar cómo los rigores del clima y la inestabilidad del terreno reducen la superficie de paso de una carretera tan esencial.
Hemos llegado a un punto donde la maraña legislativa, la ineficacia burocrática y la intransigencia nos dejan indefensos ante fenómenos muy comunes en el territorio nacional, tanto que apenas pueden ser calificados como imprevistos. Los deslizamientos de hoy eran apenas pequeños derrumbes cuando el Lanamme advirtió por primera vez su existencia en el 2011.
La lista de recomendaciones del Lanamme explica por sí sola la urgencia de los trabajos necesarios. Es preciso minimizar el peligro para los autos obligados a circular cerca del precipicio, instalar señalización y diseñar un sistema de contención vehicular apropiado para las condiciones del terreno. Con mayor plazo e igual urgencia, hace falta elaborar estudios técnicos, diseñar soluciones y establecer planes de mantenimiento con especial atención al manejo de aguas. Además, es preciso identificar otros puntos de la vía donde puedan presentarse problemas similares. Es una agenda llena y, mientras no se logre la ampliación de la vía, apenas puede ser considerada un paliativo. No obstante, las circunstancias exigen la reparación, llámese parche, remiendo o de cualquier otro modo. Se trata de un tramo de carretera por donde circulan 23.000 vehículos cada día, vital para la comunicación entre el Valle Central, el Pacífico y Guanacaste.
