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EDITORIAL

Definición urgente

Actualizado el 30 de mayo de 2014 a las 12:02 am

El primer semestre del año está por terminar, pero el permiso de atraque para naves estadounidenses correspondiente a ese período no ha sido otorgado

El convenio ha sido puesto a prueba en más de una oportunidad en la Sala IV y nunca se le ha encontrado lesivo para la soberanía del país

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El 26 de noviembre, el entonces ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, solicitó a la Asamblea Legislativa, en el marco del Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto con los Estados Unidos, el permiso de atraque para las embarcaciones estadounidenses dedicadas al combate del narcotráfico.

El permiso debió extenderse para autorizar el atraque durante el primer semestre de este año, pero el período está a punto de concluir y el Congreso no se ha pronunciado. Según la solicitud, “las embarcaciones enlistadas solo ingresarían a puerto durante el período indicado, con el objeto de reabastecimiento, entrega de sospechosos detenidos o entrega de evidencia para apoyar el enjuiciamiento oportuno de traficantes”.

Los fines son inobjetables y encuadran sin exceso en el convenio de patrullaje conjunto, pero a los diputados siempre se les ha hecho difícil tramitar las autorizaciones, al punto del ridículo de impedirle al país recibir prueba esencial para el enjuiciamiento de narcotraficantes detenidos in fraganti.

El diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), revivió el tema al exigirle al plenario “ponerse al día” e impedir, en el futuro, el atraso de las autorizaciones. Así debería comportarse la Asamblea, si a sus miembros les anima una clara comprensión del fenómeno del narcotráfico.

El convenio ha sido puesto a prueba en más de una oportunidad en la Sala IV y nunca se le ha encontrado lesivo para la soberanía del país. Tampoco la práctica ha dado motivos para temer por una lesión de esa naturaleza. Antes bien, los magistrados destacaron las virtudes del acuerdo y su contribución al control de nuestros mares, imposible con los recursos autóctonos disponibles.

La Sala Constitucional ha dicho y reiterado que “… no se trata de la permanencia de fuerzas castrenses en territorio de Costa Rica, en su sentido más amplio del concepto: por un lado, porque los fines que se persiguen no son militares, ni se fundamentan en actuaciones bélicas, ni se pretende autorizar el acantonamiento o permanencia de fuerzas del Ejército de los Estados Unidos de América en territorio nacional, lo que no solo no es objeto de discusión en este tratado, ni el mismo permite, bajo ninguna circunstancia, que pueda ser interpretado en ese sentido; y segundo, porque es precisamente la naturaleza de la operación conjunta del patrullaje, como medio idóneo escogido libremente por ambas partes para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, lo que la distingue de las operaciones militares”.

Según los magistrados, cuando el constituyente prohibió el Ejército como institución permanente, no quiso excluir la posibilidad de “… valerse del establecimiento de convenios o de acuerdos de cooperación necesarios para compensar el importante vacío, y que deja a nuestras autoridades en una clarísima desventaja frente al tema de la lucha contra el trasiego ilícito de drogas”.

La extensión marítima del país es diez veces superior a la terrestre, pero los recursos autóctonos disponibles para patrullar esas aguas son irrisorios. La ayuda estadounidense y la de otros países dispuestos a cooperar en la lucha contra el crimen organizado son indispensables. El Congreso debería entenderlo y, en particular, la fracción del Partido Acción Ciudadana, hoy gobernante.

El tema sometido a discusión por el diputado Redondo exige una toma de posición de esa bancada y también de la Casa Presidencial. El diputado de la Alianza Demócrata Cristiana se ha adelantado a exigirla: “No solamente tenemos que ponernos al día, sino que esperamos una redefinición por parte de la fracción del Partido Acción Ciudadana con respecto a este tema, porque la lucha contra el narcotráfico requiere acciones claras y contundentes”, afirmó.

Cuanto antes se produzca esa claridad, mejor. Tanto el país como el aliado extranjero deben saber a qué atenerse en esta delicadísima materia, y no es deseable una respuesta emitida al filo de un plazo o con un buque estadounidense a la espera de entregar droga capturada para que nuestros tribunales la consideren como prueba en un juicio contra quienes cotidianamente violan la soberanía nacional para envenenar a la juventud de esta y otras naciones.

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