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Actualizado el 09 de marzo de 2017 a las 12:00 am

Un grupo de diputados dice actuar en defensa de los usuarios cuando cuestiona las últimas rebajas de tarifas en el transporte público

Autobuseros y legisladores hacen gestiones para suspender la aplicación del nuevo modelo de fijación tarifaria y volver al método anterior

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La aplicación del nuevo modelo tarifario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) produjo cuatro rebajas al hilo, luego de años de oposición ejercida por los empresarios del transporte y sus aliados políticos. El modelo ya no se basa en la información suplida por los autobuseros sobre la demanda del servicio y el valor de los vehículos. Ahora, los datos se recopilan oficialmente y, cuando se introducen en la fórmula, arrojan la necesidad de rebajar las tarifas.

Esos resultados coinciden con el análisis encargado por la Aresep al Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica, que halló significativas inconsistencias en los datos de seis de las ocho empresas estudiadas. Las diferencias entre los estudios de campo y el número de pasajeros promedio reportado por esos empresarios eran hasta del 28%.

Un número menor de pasajeros encarece las tarifas. Si los empresarios hacen menos carreras o reportan más, sus costos disminuyen y crecen sus ganancias. Por eso, la precisión de los datos de demanda y operación es fundamental para fijar tarifas. De esa información depende si el usuario paga más o menos.

La aplicación del nuevo modelo abarató la ruta San José-Calle Blancos-Montelimar-San Antonio en ¢90. San Vito-El Ceibo-Piedra Pintada costará ¢40 menos y San José-Barrio San Martín-Paso Ancho-Santa Rosa-Loma Linda-Monte Azul-Madeiras-Luna Park-Zorobarú y López Mateos pasará de ¢230 a ¢175. El año pasado, la fórmula arrojó una rebaja del 21% (¢70 menos) en las tarifas pagadas por 1,3 millones de usuarios mensuales del recorrido entre San José, Montes de Oca, Curridabat y La Unión.

Pero la oposición al modelo no ha cesado. Los autobuseros y un grupo de diputados hacen gestiones para suspender su aplicación y volver al método anterior. El viernes pasado, veinte legisladores dirigieron a la Aresep una carta con ese objetivo y, pocos días antes, el diputado Luis Vásquez, de la Unidad Social Cristiana, y Gerardo Vargas Varela, del Frente Amplio, se reunieron con el ministro de Transportes, Carlos Villalta, en compañía de un grupo de autobuseros para quejarse del nuevo modelo.

El frenteamplista es un destacado crítico del modelo que tanto afecta a los autobuseros. El año pasado, antes de la primera aplicación del método, se presentó en dos ocasiones en la Aresep, también en compañía de un grupo de empresarios del transporte público, para criticar el método. En ambos casos dice haber intervenido para defender al usuario, pero lo hizo en compañía de los autobuseros y en contra de la metodología que alivia el bolsillo de los consumidores.

En aquel momento, el regulador general, Roberto Jiménez, dijo desconocer que a la cita asistirían los empresarios. Ahora, el ministro de Obras Públicas dice exactamente lo mismo. Solo tenía previsto recibir a los dos diputados, pero aparecieron en compañía de los empresarios. “Llegaron a quejarse. Honestamente, así fue. Nada más los escuchamos y todos al final quedamos claros en que a la Aresep le toca la regulación tarifaria”, dijo Carlos Villalta.

El diputado José Francisco Camacho, también del Frente Amplio, firmó la carta y luego se retractó ante la Aresep. No quiere ser parte de las gestiones dirigidas por Vásquez y Vargas Varela, su exjefe de fracción, quien no firmó la carta pero asistió a la cita con el ministro y los empresarios.

Según los legisladores, su propósito es evitar el desfinanciamiento de las empresas autobuseras porque el modelo no toma en cuenta todos los gastos. Las referencias al impacto del nuevo sistema de recolección de datos de demanda son escasas aunque en él está la clave para entender las diferencias entre los dos sistemas.

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