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EDITORIAL

Defensa del privilegio

Actualizado el 28 de febrero de 2017 a las 12:00 am

El Frente Amplio se niega a apoyar la eliminación del pago del equivalente al 100% del salario como subsidio de incapacidad en el Poder Judicial

La defensa del privilegio, argumentando la necesidad de extenderlo, procura aparentar coherencia mientras se preserva el ‘statu quo’

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Los empleados de la Corte Suprema de Justicia cobran la totalidad del salario cuando se incapacitan. El resto de costarricenses financia ese privilegio de los funcionarios judiciales pero solo recibe el 60% del salario en caso de enfermedad. A eso el Frente Amplio (FA) lo llama justicia social. En consecuencia, se niega a respaldar un proyecto de ley para ponerle fin.

Según criterio del FA, el beneficio debería extenderse a todos los trabajadores. Eso es imposible y los frenteamplistas lo saben. Ni siquiera lo habían intentado y es hasta ahora, en medio de la discusión de la iniciativa contra el privilegio en la Corte, que anuncian la presentación, dentro de tres meses, de un proyecto para exigir el pago universal del 100% del salario como subsidio de incapacidad.

La defensa del privilegio, argumentando la necesidad de extenderlo, procura aparentar coherencia mientras se preserva el statu quo. Si el FA se sale con la suya, los beneficiados de la burocracia estatal seguirán recibiendo el 100% del subsidio y los demás, incluidos los pobres, cobrarán el 60% mientras pagan el beneficio exclusivo de los burócratas, sea con impuestos, sea mediante la inflación o con el desmejoramiento de los servicios estatales por falta de recursos.

El proyecto anunciado para dar respaldo a las aseveraciones sobre la voluntad de universalizar el beneficio no tiene futuro por incosteable y el FA lo sabe. El propio partido admite estar consciente del peso de la iniciativa sobre los hombros de los patronos privados. Por eso promoverá una “consulta exhaustiva”, es decir, un puente hacia la nada.

Ojalá el FA cobrara conciencia, también, de los efectos sobre los patronos estatales. El pago del 100% por incapacidad es uno de los factores que explican por qué algunos burócratas se incapacitan hasta cinco veces más que sus homólogos de la empresa privada. El costo no es solo el pago del 40% adicional, sino el aumento de las incapacidades y el gasto en horas extras y contrataciones temporales.

No es casualidad que en la Corte Suprema de Justicia, donde las condiciones de trabajo son equiparables a las de los bancos, se dieran 20,4 permisos por empleado en el 2012 frente a solo 13,3 en el Banco Nacional, donde el número de incapacidades es de todas formas muy alto en comparación con la empresa privada.

Tanto es el abuso que sin eliminar el privilegio del 100% la Caja Costarricense de Seguro Social ahorró miles de millones con solo dejar de tomarlo en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo y otros beneficios laborales. El ajuste se hizo en cumplimiento de un dictamen de la Procuraduría, emitido con más de una década de antelación, donde se aclaró que el beneficio de incapacidad no es salario, sino subsidio, y por tanto no debe ser tomado en cuenta para calcular prestaciones y otros beneficios laborales.

La seguridad social llegó a pagar ¢54.000 millones por incapacidades en el 2010. En el 2011, la aplicación del dictamen redujo las erogaciones drásticamente. Si, además, los empleados de la institución solo recibieran el subsidio del 60% concedido a los mortales, el ahorro sería enorme y quizá no habría situaciones como la sucedida el 14 de junio del 2010, día de la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol, cuando el número de incapacitados se duplicó en la Caja. El dinero ahorrado serviría para mejorar el servicio y beneficiar a los grupos más necesitados del apoyo de la institución.

Como el Frente Amplio no está sujeto a las leyes de la economía, siempre podrá argumentar la factibilidad de financiar el impacto de su propuesta sobre las finanzas públicas con un aumento de impuestos a cargo de las mismas empresas que pagarán el 100% de incapacidad y gastos relacionados, además del ajuste tributario requerido para enfrentar el déficit fiscal. Ya metidos en gastos, ¿por qué no exigir un salario mínimo equiparable al sueco en la empresa privada y en el Estado? En este último caso, el financiamiento saldría de otro aumento de impuestos. En Venezuela hay expertos dispuestos a asesorar y pronto podrían quedar desempleados si el miope pueblo se sale con la suya.

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