Opinión

EDITORIAL

Defensa de los parques

Actualizado el 14 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

Los gobiernos locales no dan abasto para mantener los parques y dotarlos de seguridad. Por eso se hace indispensable el concurso de los vecinos

Quienes hacen el esfuerzo necesario para adecentar sus comunidades merecen la protección y ayuda del Estado

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Las comunidades insisten en ejercer el derecho a disfrutar de los parques, y el hampa, en unión de grupos dedicados a divertirse sin consideración para el derecho ajeno, persiste en impedirlo. No puede llamársele sano entretenimiento a los juegos infantiles entre desperdicios y dibujos obscenos.

Los niños merecen mejor suerte que la de correr por campos minados de preservativos, latas de cerveza y restos de cigarrillos de marihuana. Los adultos tienen derecho a encontrar un rato de paz y esparcimiento en los espacios abiertos con fondos provenientes del pago de impuestos.

Los espacios públicos y el mobiliario urbano son elementos vitales para darle a la existencia calidad. No en balde las principales ciudades del mundo hacen ingentes esfuerzos para aumentarlos y preservarlos. Los parques tienen gran diversidad de efectos benéficos, más allá del esparcimiento. El beneficio más obvio es para la salud, porque proveen espacio para el ejercicio físico y el contacto con la naturaleza. Sus efectos estéticos y funcionalidades tienen también importancia económica. Un parque bien cuidado genera plusvalía para las propiedades de su vecindario y, por esa vía, puede llegar a fortalecer los ingresos municipales, dependientes del valor de terrenos y construcciones.

Los parques también promueven el encuentro y la socialización, y no son pocos sus beneficios para las artes y la cultura, porque invitan a la organización de exposiciones y ferias, nada raras en Costa Rica y muy frecuentes en las principales ciudades del mundo.

Una rápida revisión de los parques y otros espacios públicos en nuestro país revela la distancia entre la realidad y las aspiraciones que están llamados a satisfacer. Sin embargo, hay comunidades que no se conforman. Colocan cámaras de seguridad, restringen el acceso y se reúnen para exigir la intervención de las autoridades municipales y policiales.

Los gobiernos locales no dan abasto para mantener los parques y dotarlos de seguridad. Por eso se hace indispensable el concurso de los vecinos, pero no debe quedar sin contraparte estatal. Si el Estado no tiene los recursos necesarios, debe, cuando menos, brindar apoyo a la iniciativa comunal.

En San Francisco de Dos Ríos, un grupo de vecinos tiene tres años invertidos en reuniones y gestiones para defender el parque Okayama, uno de los más bonitos de la capital y también uno de los más castigados por el hampa. La comunidad celebra que haya habido “tan solo” 90 perturbaciones del orden público en el mes de octubre. Son tres diarias y a cualquiera le parecerían demasiadas, pero, en setiembre, el número fue de 290. Falta mucho para tener completos los motivos de celebración, pero eso no resta méritos al empeño de los ciudadanos organizados ni al aporte de la Fuerza Pública.

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Los vecinos no solo se quejan de la imposibilidad de utilizar el parque sin riesgos, sino también de la baja calidad de vida en los alrededores, producto de los escándalos y fiestas. El parque, destinado a ser un placer, puede convertirse en un infierno.

La intervención de las autoridades también es necesaria porque en muchas comunidades existe una verdadera y abierta lucha por el territorio. Los hampones se niegan a ceder terreno y amenazan a los organizadores comunitarios, muchos de los cuales manifiestan justificado temor. Una vecina del parque Okayama solamente aceptó describir sus vivencias a La Nación, para el reportaje publicado sobre el tema el pasado lunes, con la condición de mantener su identidad en reserva.

A una vecina de San Felipe de Alajuelita no le importó ser identificada, pero relató la agresión sufrida cuando un grupo de sujetos la emprendió a patadas contra el portón de su casa.

Quienes hacen el esfuerzo necesario para adecentar sus comunidades merecen la protección y ayuda del Estado.

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