Opinión

EDITORIAL

Defensa de la Isla del Coco

Actualizado el 08 de junio de 2014 a las 12:00 am

La conjunción de voluntades de muchos costarricenses jóvenes y de funcionarios comprometidos protege a uno de nuestros grandes tesoros naturales

Es preciso reformar la legislación contra la pesca ilegal y proveer a los guardaparques de los mejores recursos posibles

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Defensa de la Isla del Coco

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En las orillas de la bahía de Chatham, en la Isla del Coco, un campamento poblado por jóvenes trabajadores e ingenieros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se yergue aislado de las comodidades comunes en tierra firme. Su misión es construir la pequeña planta eléctrica necesaria para alimentar el radar próximo a ser instalado en Punta Presidio, en lo alto del cerro Aguacate.

Las carencias y lejanía aconsejan escoger personal joven, menos propenso a sufrir con la separación de los seres queridos y más apto para sobrellevar los rigores. Los materiales suben las empinadas laderas, a hombros de los trabajadores, por un trillo difícil de transitar aun sin carga. El descanso en las precarias instalaciones del campamento se hace en las cercanías de miles de ratas, llegadas a la Isla en las embarcaciones que la visitan, con diversos fines, desde hace siglos.

Los jóvenes exudan mística. Construyen una planta hidroeléctrica, pero, en última instancia, defienden la soberanía nacional, mancillada por el narcotráfico, y las riquezas de nuestros mares, explotadas sin contemplaciones por pescadores ilegales de bandera costarricense y extranjera.

La mística mueve también a otros jóvenes, en este caso biólogos, abogados y profesionales de diversas disciplinas, todos unidos por el propósito de proteger los mares mediante la recolección de fondos y el diseño de programas como el radar. “Costa Rica por Siempre” y “Conservación Internacional” empeñaron sus esfuerzos en la ejecución de la iniciativa y nada puede ya frenarla. El Gobierno de Japón contribuyó con fondos para la construcción de la planta eléctrica.

Al otro lado del cerro, la pedregosa orilla de la bahía de Wafer alberga las instalaciones donde viven los guardaparques. Ahí también reina la mística. Los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, sin ser guardacostas, patrullan la extensa zona de reserva creada en torno a la Isla para combatir las incursiones de los pescadores ilegales.

Es el juego del gato y el ratón, pero el ratón lleva toda la ventaja. Los barcos pesqueros entran en las aguas protegidas, tienden kilómetros de líneas con anzuelos y luego salen de la zona de exclusión. Es difícil sorprenderlos en la actividad ilícita, sobre todo con la ceguera habida hasta ahora por la ausencia de un radar. La mayoría de las veces, los guardaparques solo encuentran las líneas o palangres y sudan la gota gorda, a lo largo de muchas horas, para traerlos a bordo de sus embarcaciones, demasiado modestas para los rigores de la tarea asignada.

Suficientes riesgos corren los guardaparques como para pedirles combatir el narcotráfico. Esa labor corresponde a los guardacostas, pero también ellos necesitan la visión ampliada que proporcionará el radar. Cuando los guardaparques logran sorprender a una embarcación pesquera en plena faena, luego de horas patrullaje en la madrugada y, más tarde, bajo un sol despiadado, el sacrificio pocas veces se ve recompensado. Las carencias y complejidades de la legislación vigente a menudo desembocan en impunidad. Tan deficiente es el andamiaje legal que el arma jurídica más eficaz para combatir la pesca en la zona protegida es la desobediencia, una falta menor cuyo castigo no guarda proporción con el daño causado por los pescadores.

La conjunción de voluntades de tantos costarricenses jóvenes y funcionarios comprometidos con la defensa de la Isla inspira y conmueve. Por eso, y a manera de justo reconocimiento, es importante la difusión de sus esfuerzos.

Los mares costarricenses multiplican el territorio nacional por diez, en buena parte gracias a la Isla del Coco. Sin ese territorio insular de 23,85 km², ubicado a 550 kilómetros de la costa del Pacífico, el derecho internacional restringiría el dominio marítimo costarricense a extensiones mucho más modestas.

El empeño puesto en defender esa riqueza compromete la gratitud de todo el país. También debe servir de acicate para reformar la legislación, proveer a los guardaparques de los mejores recursos posibles y hacer cuanto sea necesario para legar, sin daños, la Isla y sus tesoros a las generaciones futuras.

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