Opinión

EDITORIAL

Decisiones difíciles

Actualizado el 10 de septiembre de 2016 a las 12:00 am

Los recursos disponibles no alcanzan y las decisiones difíciles se presentan, una tras otra, con mayor frecuencia

El país debe escoger entre las pensiones mínimas, aumentar el déficit o deteriorar aún más el régimen de IVM

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No hay escapatoria. Los recursos disponibles no alcanzan y las decisiones difíciles se presentan, una tras otra, con mayor frecuencia. Las autoridades se ven obligadas a escoger las de menor impacto o, peor aún, las que no surtan efecto inmediato. Así se traslada el costo político a las administraciones futuras. Es una práctica de larga data, pero se le está reduciendo el espacio. Si bien todavía hay problemas que se pueden “patear hacia adelante”, como dice la expresión popular, otros están llegando al límite y no hay más remedio que decidir.

En el presupuesto del año entrante, el gobierno optó por desmejorar la participación de Seguridad Pública. Al ministerio del ramo se le asignó el 2,5% de los recursos, cuando en el 2014 había recibido el 3,4%. Lo mismo sucede en otras dependencias, encargadas de importantes servicios.

Luego de restar el 33% exigido por la deuda pública y otros porcentajes legalmente asignados de antemano, el gobierno debe escoger en qué gasta el remanente. Como no alcanza, en realidad debe escoger cuáles servicios está dispuesto a deteriorar. En el pasado, el endeudamiento ayudó a “patear la bola para adelante”, pero eso también tiene un límite y Costa Rica ya debe la mitad de cuanto produce en un año. El porcentaje seguramente aumentará y, con él, la porción del presupuesto necesaria para atenderlo. Además, la deuda se irá encareciendo según los mercados comiencen a percibir mayor riesgo.

En ausencia de reformas estructurales, las decisiones difíciles aumentarán en número y frecuencia. En algún momento alcanzaremos todos los límites y enfrentaremos un derrumbe de dimensiones históricas. Todo por habernos negado a entender y aplicar aquel otro dicho popular: “no se puede hacer chocolate sin cacao”.

En estas difíciles circunstancias, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social decidió duplicar las contribuciones del Estado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Como nos hemos especializado en legislar para complacer intereses sectoriales, sin medir las consecuencias, el aumento también repercute en los regímenes de pensiones del Magisterio y del Poder Judicial. En suma, el Gobierno debería pagar algo más de ¢60.000 millones.

Ahora, las decisiones difíciles: a) Poner en riesgo la pensión mínima de ¢130.000 que la Caja pretende pagar, con la subvención del Estado, a 80.500 personas que no cotizaron lo suficiente. b) Incrementar el déficit fiscal y la deuda “irresponsablemente”, según palabras del ministro de Hacienda, Helio Fallas, quien se rehúsa a presupuestar los fondos exigidos por la Caja. c) Tomar el dinero de los rendimientos generados por la reserva del fondo de jubilaciones, debilitándolo pese a los cuestionamientos ya existentes sobre su sostenibilidad y deteriorando el valor de todas las pensiones futuras.

Esta última es la posibilidad planteada por Jaime Barrantes, gerente de pensiones, e implicaría la pérdida de valor de las pensiones futuras del régimen más grande del país, cuyos beneficios han venido sufriendo deterioro desde hace años. En el 2009, la Caja comenzó a utilizar una parte de los rendimientos del régimen para pagar pensiones porque los aportes de trabajadores y patronos no alcanzan para cubrir la totalidad de las erogaciones. La medida se presentó como “coyuntural”, pero lejos de mejorar, la situación ha empeorado. En diciembre, se anunció que este año las contribuciones solo alcanzarán para cubrir, aproximadamente, el 80% de los pagos. El 20% faltante se financiará con los rendimientos.

Utilizar otra parte de los intereses del fondo para sustituir el aumento de la subvención estatal alejará al IVM del concepto de fondo de capitalización y lo pondrá demasiado cerca de ser un régimen de reparto. En las condiciones demográficas del país, no habría certeza sobre las pensiones futuras.

Una cuarta posibilidad, la opción d), es emprender las reformas estructurales necesarias, frenar el desperdicio y el privilegio, elevar la carga tributaria y hacer un uso eficiente del gasto social. Como de eso muy pocos quieren hablar, escoja usted, estimable lector, entre las opciones a), b) y c).

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