Opinión

EDITORIAL

Debilitada lucha contra la corrupción

Actualizado el 23 de octubre de 2015 a las 12:00 am

Para sancionar actos de corrupción, la Contraloría debe promover, primero, un juicio contencioso administrativo y lograr la declaratoria de nulidad del acto cuestionado

Según la contralora, Marta Acosta, el proceso para imponer una sanción podría tardar hasta doce años y, en la práctica, eso desemboca en la impunidad

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Debilitada lucha contra la corrupción

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Para sancionar actos de corrupción en la función pública, la Contraloría General debe promover, primero, un juicio contencioso administrativo para lograr la declaratoria de nulidad del acto cuestionado. Con la sentencia en mano, puede impulsar el proceso para establecer la sanción. En el curso de ese procedimiento, el funcionario podrá recurrir, según el caso, a la vía del amparo y la impugnación de la sanción, una vez más ante los jueces de lo contencioso administrativo. Por último, queda el recurso de casación.

La contralora, Marta Acosta, explicó la situación a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, pero sus advertencias apenas encuentran eco. Si las sanciones son difíciles de aplicar en la actualidad, el requisito de conseguir la declaratoria de nulidad del acto lo hace casi imposible.

Según la contralora, el proceso para imponer una sanción podría tardar hasta doce años y, en la práctica, eso desemboca en la impunidad. Siete sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo y una de la Sala I consolidaron la exigencia del procedimiento previo. Las siete sentencias implicaron el fracaso de igual número de procesos iniciados por la Contraloría.

La contralora se quejó ante los legisladores de la vía abierta a la impunidad. Un procedimiento de tantos años abre oportunidades para el error y hasta el olvido. Finalizado el trámite, es posible que el funcionario ya no labore para el Estado. El efecto de las sentencias criticadas se extenderá a todos los procedimientos administrativos, no solo a los de la Contraloría.

En la actualidad, el ente contralor tiene en sus manos 34 procesos, con unos 250 funcionarios implicados. La lista incluye casos muy sonados, como las irregularidades cometidas en la construcción de la trocha fronteriza. Supeditadas a largos procesos judiciales, las sanciones administrativas previstas por ley pasarán a ser prácticamente superfluas.

Nuestro país, fiel a su tendencia a la frondosidad legislativa, tiene una gama de instrumentos jurídicos destinados a combatir la corrupción. Algunas de esas normas llegan al exceso, como las que disponen minuciosas obligaciones de declarar bienes. Ahora, estamos a las puertas de un retroceso igualmente radical.

La solución no debe ser imposible y la Asamblea Legislativa debe darse a la tarea de encontrarla. Una docena de años es un plazo excesivo y la buena práctica de otros países igualmente democráticos y respetuosos del derecho seguramente no lo toleraría.

La corrupción, como fenómeno, socava la confianza de la población en el Estado de derecho que se procura defender con resoluciones como las adoptadas por los tribunales. Tiene, además, un importante costo económico, sea por el pago excesivo de bienes y servicios, por la abierta desviación de fondos o por la afectación de la competitividad.

En Costa Rica, nadie duda del precio exigido a la sociedad por los actos de corrupción, que constituyen un impuesto cruel e inútil, además de un grave daño a la confianza depositada en el sistema democrático. Encontrar medios expeditos para combatir esas conductas, en el marco del respeto a los derechos individuales, es un imperativo para la defensa del sistema. Muchos pueblos, hartos de la administración corrupta, han entregado sus destinos a demagogos y líderes autoritarios, percatándose demasiado tarde de las dificultades para dar marcha atrás.

Las advertencias de la contralora son graves y deben ser atendidas. Queremos vivir en un Estado de derecho, pero las enormes ventajas de ese sistema no son incompatibles con la oportuna defensa de los intereses de la colectividad. Es preciso encontrar la forma.

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