EscucharA inicios de enero, La Nación dio cuenta de un informe de la Contraloría General de la República que achaca las graves fallas detectadas en media docena de proyectos de interés social a la mala fiscalización del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y la falta de capacidad técnica de las entidades encargadas de administrar los recursos.
Los problemas comprenden serias deficiencias en la instalación eléctrica, la mala calidad de los suelos escogidos para desarrollar los proyectos y las técnicas y materiales utilizados. El Banhvi admite las fallas y promete hacer del 2012 el año de la calidad. Con ese fin, la Junta Directiva aprobó la contratación de ingenieros para supervisar las obras y aplicará otras medidas correctivas, cuya tardanza extraña más de dos décadas después de fundado el Banco.
Ahora, el esfuerzo deberá extenderse a otros aspectos de la operación, porque los inspectores del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) constataron el otorgamiento de los beneficios del sistema a decenas de familias que no califican para recibirlos. Las inspecciones se ejecutaron a partir de las denuncias surgidas de la comunidad relacionadas con las irregularidades en la selección de beneficiarios.
En una urbanización de Quepos, el 43% de las familias visitadas incumple los requisitos para obtener una vivienda de interés social. Según el informe, los beneficiarios fueron propuestos por una asociación sin criterio técnico alguno y, posiblemente, a cambio de las cuotas exigidas para ser tomados en cuenta. En Liberia, los inspectores encontraron una urbanización donde la mayoría de las familias carecen de los requisitos indispensables.
El panorama es dramático. El sistema no produce viviendas de calidad y tampoco hay garantía de la correcta selección de los beneficiarios. Las entidades financieras autorizadas para ejecutar proyectos con fondos del Banhvi seleccionan a los candidatos y verifican el cumplimiento de los requisitos, pero también le corresponde al Fondo de Subsidio para la Vivienda, un departamento del Banco, ejercer vigilancia sobre esas entidades.
En uno y otro nivel, el sistema falla y las conclusiones de la Contraloría sobre la mala fiscalización del Banhvi y la incapacidad técnica de los administradores de los recursos parecen tan válidas en la fase de ejecución de los proyectos como en la etapa de selección de los beneficiarios.
En la primera fase del proceso, la entidad autorizada presenta al Banhvi una lista de potenciales beneficiarios y una declaración jurada sobre el cumplimiento de los criterios establecidos para obtener el beneficio.
El sistema prevé la descalificación de quienes suministren información falsa, capaz de confundir al Banco y los desarrolladores. En los casos de Liberia y Quepos, sin embargo, es difícil atribuir toda la responsabilidad a las fuentes primarias de los datos. Las irregularidades son demasiadas para eximir al sistema financiero para la vivienda.
Los aspirantes a obtener una vivienda subsidiada recurren a diversidad de tretas cuando se saben descalificados por las circunstancias. Fingen la separación del núcleo familiar para aparentar menores ingresos, disimulan la posesión de otras propiedades y ocultan información relevante. Una o varias declaraciones falsas, confeccionadas con uso de semejantes recursos, pueden infiltrarse en el sistema sin ponerlo en entredicho, pero en las urbanizaciones inspeccionadas el porcentaje de anomalías ronda la mitad y no hay más remedio que admitir el fracaso y emprender la enmienda, como se hizo con las construcciones defectuosas.
El presidente de la asociación que suministró los nombres de los beneficiarios en Quepos confiesa la inclusión de solicitantes que ya habían obtenido bonos. Acto seguido, declara: “Yo no soy quién para decirles que no pueden estar”. Sí es “quién”, sin embargo, para conseguir la aprobación de la lista por la Junta Directiva del Banhvi. En eso consiste la alarma.
