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EDITORIAL

Debates presidenciales

Actualizado el 10 de enero de 2014 a las 12:00 am

La exigencia de participación universal vigente durante una década empobreció la discusión política, redujo el número de debates y les restó interés

Si las consecuencias prácticas de la “igualdad” de trato impuesta a ultranza son graves, también es seria la afectación de la libertad de expresión

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En setiembre del 2009, una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) devolvió a los costarricenses el derecho a presenciar debates presidenciales y, a los medios de comunicación, la facultad de organizarlos sin injerencia del Estado. Esos derechos habían sido conculcados por la Sala Constitucional poco antes de la elección del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, en 1998.

La Sala Constitucional, sin considerar las garantías existentes para la libertad de expresión, prohibió a los medios celebrar debates sin cursar invitación a todos los candidatos presidenciales, sin excepción. La inspiración del fallo es una ingenua concepción de la igualdad, discutible incluso desde la perspectiva de la definición del concepto por la propia jurisprudencia constitucional.

Los magistrados exigieron a los medios de comunicación dar igual tratamiento a partidos y candidatos totalmente disímiles en importancia y arrastre electoral. Les impuso no hacer diferencias, por demás totalmente lógicas y apegadas a la realidad, donde la propia ley las hace, por ejemplo, para adjudicar el financiamiento de las campañas. Menospreció, en última instancia, las diferencias establecidas por el propio electorado, que jamás se reparte por igual.

El resultado práctico fue lamentable. Un debate entre 13 es imposible, como lo acaba de demostrar el propio TSE al dividir a los aspirantes en dos grupos, a inicios de esta semana, para los encuentros transmitidos por Canal 13. Aun así, no hubo debate, sino una entrevista colectiva sobre los mismos temas, con participantes incapaces de despertar el interés del electorado.

Poca gente sintonizó esos “debates” y la mayoría salió decepcionada. En cambio, la ágil confrontación organizada por Canal 7 el lunes, a tempranas horas de la mañana, entre los tres candidatos con más peso en las encuestas, suscitó en menos de una hora el interés nacional y avivó la discusión política. ¿Cómo quedó mejor servida la vitalidad de la democracia?

La exigencia de participación “igualitaria” vigente durante una década, por erróneo mandato de la Sala Constitucional, empobreció la discusión política, redujo el número de debates y les restó interés. La sobrepoblación de candidatos con escaso apoyo electoral entorpeció el intercambio entre los principales contendientes, privando a los costarricenses de un ejercicio útil y común en las democracias de todo el mundo.

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Los medios intentaron despertar interés dividiendo la nómina de aspirantes, como lo hizo el TSE esta semana, pero no lo consiguieron, sobre todo en los debates de “segunda”, donde correspondía el turno a los candidatos menos relevantes. La multitud torna difuso el contraste entre los principales contendientes e impide a las mayorías fundamentar mejor la decisión del sufragio.

Sería criticable, aunque no ilícita, la actuación de un medio de comunicación que excluyera a un candidato relevante por razón de su ideología u otros factores similares, pero la actual contienda electoral demuestra que los medios cumplen con mayor objetividad el principio de dar igual trato a los iguales o, cuando menos, a los similares. El Frente Amplio, cuyo candidato no fue invitado a los debates celebrados hace cuatro años, hoy es convocado, sin falta, a la confrontación de ideas. Otros, que en el pasado no podían faltar, no siempre son invitados en la actualidad, merced al declive de sus caudales políticos. El espacio en los debates se gana con el favor del electorado y nada puede haber más consecuente con el ejercicio democrático.

Si las consecuencias prácticas de la “igualdad” de trato impuesta a ultranza son graves, también es seria la afectación de la libertad de expresión. Las decisiones editoriales propias de los medios de comunicación no pueden ser sustituidas por criterios estatales en la sociedad democrática. La imposición de contenidos a la prensa independiente es siempre ilegítima, como lo tiene bien establecido la doctrina y jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.

Si el Estado puede imponer la nómina de participantes en un debate, también estaría facultado para exigir la adjudicación del mismo espacio informativo a cada aspirante y, quizá, hasta los mismos temas y enfoques. A nadie se le ocurriría semejante locura, pero es la misma lógica llevada a sus extremos más absurdos.

La jurisprudencia internacional va mucho más allá de la sentencia emitida por el TSE en el 2009, a cuyo tenor, cuando los organizadores sean sujetos privados, “no resulta aplicable la obligación de invitar a todos los candidatos presidenciales inscritos, en tanto estos medios se encuentran regidos por el principio de libertad…”.

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Como es evidente, el Tribunal no aplicó aquel principio a las entidades públicas, dejándolas en grave desventaja, condenadas a patrocinar insustanciales y aburridos “debates” multitudinarios. En los Estados Unidos, por contraste, los jueces rechazaron la exigencia de David Duke, un candidato minoritario vinculado con el Ku Klux Klan, de ser incluido en el debate organizado por una televisora estatal. Duke argumentó, precisamente, el carácter público de la televisora, pero los jueces respondieron que la libertad de expresión no distingue entre periodistas de medios de comunicación públicos y privados. En ambos casos, exige respetar el criterio editorial y la independencia de la prensa.

Más allá de ese defecto, la sentencia del 2009 reparó el despropósito de 1998 y salvó al país de una nueva condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya había medios decididos a plantear el reclamo. Tampoco hay falta en la convocatoria universal a los debates organizados por el TSE. La función del Tribunal le exige llegar a ese extremo, aunque el resultado sea de limitado provecho. Pero el supuesto derecho de un puñado de candidatos a “darse a conocer” no implica permitirles el secuestro de la discusión política sustancial, en detrimento del interés mayoritario.

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