Costa Rica, país exportador de software, explora la posibilidad de cooperar con Cuba, una nación con limitado acceso a la tecnología de punta, para avanzar en la digitalización de los expedientes médicos. En ese campo, la Isla “tiene una historia exitosa en el desarrollo de aplicaciones por medio de software libre (…) que podría enriquecer los esfuerzos” nacionales, dice el comunicado de prensa emitido durante la visita del presidente, Luis Guillermo Solís, a La Habana.
El planteamiento está teñido de ironía. El expediente electrónico es de uso cada vez más común en el mundo desarrollado desde 1980. La nuestra fue una de las primeras naciones latinoamericanas en proponerse adoptarlo durante la década del 90, pero, a la fecha, está lejos de lograrlo.
En el 2011, un estudio del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica (UCR) calificó los esfuerzos realizados como “una colección de dificultades y anécdotas de lo que no se debe hacer a la hora de gestionar proyectos informáticos”.
Cuba, por su parte, ha estado inmersa en largos conflictos que le dificultan el acceso al desarrollo tecnológico. Es un país mucho más pobre, con grandes limitaciones en todos los órdenes, salvo en el militar, si se le compara con el nuestro. Si luego de un par de décadas de habernos fijado el objetivo de desarrollar el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) en los tres niveles de atención sanitaria, la Isla tiene lecciones para darnos, el fracaso solo puede ser descrito como monumental.
La Caja Costarricense de Seguro Social apenas espera completar el proyecto en la red de atención primaria (Ebáis) antes del 2017. Si lo consigue, daría un paso en firme para extender el sistema a los otros dos niveles de atención hospitalaria. Aun así, incumpliría el plazo de cinco años fijado por ley en el 2013 para aplicar el beneficio a la mayoría de la población asegurada en todas las unidades médicas. Tampoco logrará satisfacer el “plazo razonable” concedido por la Sala Constitucional hace tres años. Ya en el 2011, la Comisión de Notables establecida para analizar la crisis de la Caja estimó “inadmisible” la inexistencia del expediente digital.
Es muy dudoso que la ayuda de Cuba y el software libre mejoren el desempeño, en el cual se han invertido decenas de miles de dólares. Si fuera necesario el apoyo de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el gobierno debe recordar la existencia, desde hace años, del expediente digital en Ecuador, pero también podría recurrir a países con los cuales existen estrechos vínculos, como Corea y España.
Cientos de informáticos de la Caja llevan años desarrollando, a partir de cero, sistemas ya probados en esos y otros países. El aporte de la experiencia cubana con el software libre no promete mayores avances y podría convertirse, más bien, en excusa para nuevos atrasos.
Mucho mejor sería lograr consejo sobre la forma de vencer la resistencia al EDUS en la Caja. El expediente electrónico afecta diversos intereses. Permite controlar el trabajo médico y el uso de los recursos, desde quirófanos hasta medicinas. Elimina la necesidad de funcionarios dedicados al archivo y traslado de expedientes físicos y resta a potenciales huelguistas el recurso de paralizar el trasiego de documentos, y por ese medio, ejercer una presión formidable.
El EDUS es un invaluable recurso tecnológico para combatir las listas de espera, mejorar la asignación de recursos, hacer más eficiente la gestión administrativa y fortalecer la vigilancia epidemiológica. La Caja cosechará importantes ventajas financieras con su utilización y los pacientes gozarán mejores beneficios. Por eso es inexcusable el atraso luego de tanto tiempo y dinero invertidos. La solución no está en el Caribe, sino en la necesaria determinación y valentía de nuestros gobernantes.