Opinión

EDITORIAL

Cultura de la opacidad

Actualizado el 01 de septiembre de 2017 a las 11:00 pm

Entre las grandes deudas de la banca estatal está la transparencia, tan pregonada como objetivo y tan maltratada en la práctica

Un sistema diseñado para la opacidad y manejado con criterios políticos coyunturales es la receta perfecta para el desastre de la actualidad

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La importancia de examinar los créditos concedidos a Sinocem y Coopelesca no se agota en los casos concretos. Estos últimos son síntomas de los problemas por resolver en la banca estatal. Ojalá las conclusiones del estudio, además de establecer las responsabilidades, desemboquen en una agenda u hoja de ruta para reformar el sistema, desde el método para nombrar directivos hasta los mecanismos internos de control.

Entre las grandes deudas de la banca estatal está la transparencia, tan pregonada como objetivo y tan maltratada en la práctica, no solo en las instituciones financieras del Estado. La banca pública, sin embargo, es uno de los ámbitos donde más urge la claridad, a tenor de los hechos conocidos en los últimos meses.

La mano de la política en el nombramiento de directivos y administradores a menudo pasa por alto la idoneidad de los designados. Si a esa circunstancia se suman los velos interpuestos entre la banca y la sociedad para impedir el escrutinio público, el resultado es un riesgo grave para el país.

Los bancos del Estado intentan interpretar el secreto bancario como una garantía de discreción para ellos mismos, tanto como para sus clientes. Evidentemente no es así. Lo contrario sería pedir a los costarricenses entregar instituciones de enorme importancia y valor económico al manejo discrecional de políticos no siempre designados con el mejor desempeño en mente.

El Banco de Costa Rica (BCR), ahora en el ojo de la tormenta aunque los problemas se extienden a las demás instituciones del sistema, decidió registrar las sesiones de su Junta Directiva en actas muy escuetas y editadas. Además, prohibió la entrega de las grabaciones hasta a los propios directivos. Para colmo, las grabaciones se borran quince días hábiles después de la aprobación del acta en firme.

El registro histórico más fiel de trascendentales decisiones y sus motivaciones desaparece casi por completo y la realidad es sustituida por un documento escueto cuya versión definitiva pasa por las manos de los propios directores, quienes tienen oportunidad de hacer observaciones y así moldear la historia para quien desee revisarla en el futuro.

El problema es mucho más grave que la mala costumbre, existente en muchas instituciones, de apagar micrófonos a conveniencia de los directores durante las sesiones. En estas circunstancias, nadie puede hablar de transparencia. Por eso, una pregunta fundamental para quienes lo hagan durante las campañas electorales y más allá es por las propuestas concretas para mejorar la preservación de registros públicos.

No hace mucho, la propia Asamblea Legislativa rectificó una práctica histórica que impedía conocer cómo habían votado los legisladores en cada caso. Ahora, el sistema electrónico de votaciones lleva el registro y contribuye a cimentar la incipiente cultura de rendición de cuentas. Las sesiones del Congreso son públicas y las actas fieles a la discusión. ¿Por qué debe el país conformarse con menos en cuanto al manejo de la banca?

Un sistema diseñado para la opacidad y manejado con criterios políticos coyunturales es la receta perfecta para el desastre de la actualidad, que solo puede ser circunscrito al BCR si los cuestionamientos recientes a Bicsa, Bancrédito y Banco Nacional pueden considerarse pasado histórico y no acontecimientos contemporáneos.

Durante la comparecencia legislativa de los directores del BCR surgió la duda de un acta con dos versiones diametralmente opuestas de la actuación de un directivo. Las consecuencias de una u otra versión, en la práctica, no podrían ser más disímiles, lo cual es inaceptable en toda institución con mínimas aspiraciones de transparencia.

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