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Cuestión de tiempo

Actualizado el 15 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

El tiempo se pierde en el Congreso, pero no juega a favor del diputado Orozco y sus aliados contra las uniones entre personas del mismo sexo

Este mes, la administración Chinchilla completó el giro de su posición sobre las sociedades de convivencia con la convocatoria del proyecto a sesiones extraordinarias

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El proyecto de ley para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, no el matrimonio, vuelve a la corriente legislativa, esta vez por voluntad de la Administración Chinchilla, con fuerte respaldo de importantes sectores políticos. Precandidatos presidenciales del Partido Acción Ciudadana (PAC), en compañía de quienes disputan la candidatura liberacionista, llaman a los diputados a aprobar la propuesta.

En la Unidad Socialcristiana, al igual que en el PAC, el PLN y el Movimiento Libertario, los criterios están divididos. Entre las fracciones unipersonales, la idea tiene el respaldo del Frente Amplio.

Los precandidatos liberacionistas Rodrigo Arias y Johnny Araya hicieron explícita la solicitud de apoyo a su bancada, pero la jefatura de fracción se abstendrá de dictar línea de partido. Arias fue enfático: “Estoy a favor del reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo en aspectos como herencia, convivencia, visitas en centros penales u hospitales, y a su derecho humano a una vida en común, contando con el respeto de la sociedad a su elección. Hago un respetuoso llamado a las señoras diputadas y a los señores diputados para que este proyecto pueda ser analizado en plenario y votado”.

No hay certeza de que la coalición a favor del proyecto sea suficiente para aprobarlo, pero el trámite parlamentario demuestra, una vez más, las amplísimas posibilidades de obstaculizar cualquier decisión. El martes pasado, diputados del Movimiento Libertario, Renovación Costarricense y Restauración Nacional impidieron votar los dictámenes emanados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por Justo Orozco, ferviente opositor del proyecto.

Si el plenario aprueba el dictamen de mayoría, contrario al proyecto de ley, la propuesta pasaría al archivo. Solo la aprobación del dictamen de minoría podría conservarla con vida para iniciar la discusión. Ni siquiera esa decisión fue posible esta semana. La presentación de tres solicitudes de receso y la continua ruptura del cuórum impidieron votar los dictámenes.

Si no es por un medio, es por otro, pero un puñado de legisladores opuestos a cualquier iniciativa posee abundantes recursos para descarrilar la discusión y toma de decisiones. La dilación no será eterna y la mayoría tendrá, eventualmente, la posibilidad de manifestarse, pero en ese momento la contabilidad del tiempo perdido habrá aumentado considerablemente.

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El tiempo se pierde, pero no juega a favor del diputado Orozco y sus aliados. El escándalo nacional suscitado por el nombramiento del legislador religioso en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos influyó en el giro en la posición del Gobierno y, probablemente, en las manifestaciones favorables de otros actores políticos.

Orozco logró una rápida derrota del proyecto de ley cuando asumió la presidencia de la Comisión, pero poco tardó el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, en redactar un artículo fijando posición a favor de las sociedades de convivencia. Sin embargo, la publicación todavía justificaba la poca diligencia del Gobierno con el argumento de “las dificultades propias del debate legislativo” y la obligación de “atender una compleja agenda legislativa sin contar con mayorías holgadas”.

“Que el Ejecutivo (hasta donde pueda incidir en la acción de los diputados) o la fracción del PLN no hayan impulsado activamente un proyecto sobre el tema en la Asamblea Legislativa, no quiere decir que desconozcamos su importancia; menos aún que desdeñemos el papel central de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo”, escribió el ministro.

La reacción a la elección de Orozco y el paso de los días evidenció la insuficiencia de las explicaciones. Este mes, la administración completó el giro con la decisión de convocar el proyecto a sesiones extraordinarias, donde tiene la potestad de fijar la agenda según sus prioridades. El cambio es dramático y obedece a una lectura acertada de la situación política.

Con la medida, el Ejecutivo se libera de la presión ejercida por los grupos favorables al proyecto, sosiega las críticas al apoyo liberacionista para nombrar a Orozco a la cabeza de la Comisión y desplaza la inconformidad hacia el diputado de Restauración Nacional.

El lunes y martes, el Congreso celebrará un debate reglado para examinar los dictámenes. Con independencia del resultado, los impulsores del proyecto han ganado terreno político, y su victoria, con el texto actual o uno futuro, es cuestión de tiempo.

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