EscucharLa ley para regular la cría y tenencia de perros agresivos, utilizados para escenificar peleas, está en proyecto. Mientras tanto, los accidentes son inevitables, el temor de los vecinos, constante, y el cruel “deporte” florece en toda la geografía nacional, con algunos cantones, como Desamparados, entre las principales víctimas.
Es incomprensible la inclinación de los criadores por el sangriento espectáculo. El disfrute de ríos de sangre manados de animales criados por sus torturadores no es solo insensibilidad e ignorancia; algo habrá de enfermedad o perversión. Una persona normal no sometería a sus mascotas a semejante suplicio, pero las mascotas se tienen para crear con ellas vínculos de lealtad y afecto. Los perros de pelea son un negocio, repulsivo para la gente de bien.
Las razones apuntadas bastarían para controlar la reproducción y posesión de esos animales, pero hay otros motivos, aún más poderosos. El riesgo para la integridad física de las personas exige una respuesta eficaz. En esta materia, es impensable la existencia de desacuerdos entre los diputados. El Congreso y sus comisiones plenas deberían estar en capacidad de emitir una ley suficiente con toda celeridad, en especial si ya cuentan con un proyecto propuesto por expertos en la materia.
En juego están la tranquilidad de nuestros vecindarios y la salud de niños, adultos y ancianos. Los criaderos también comprometen el prestigio del país como nación civilizada y amigable con la naturaleza. Todos son valores de primer orden y ninguno está sujeto a polémica.
Costa Rica persigue, con razón, las peleas de gallos. Hace unos meses, el anuncio de un proyecto de ley para legalizarlas despertó fuerte oposición. Sin embargo, los gallos no representan peligro para quienes los rodean. Las peleas de perros tampoco son legales, pero en su caso no basta la prohibición del horrendo espectáculo. Es necesario regular la cría y posesión de las razas utilizadas para pelear.
El lunes, un feroz pitbull agredió a la madre y hermana de su criador clandestino. La señora, de 75 años, salió al patio de su casa en Desamparados, y el perro se lanzó sobre ella. Con extraordinaria valentía, una hija intentó liberarla de las fauces del animal. También fue agredida, y sus lesiones exigieron cirugía.
Ambas pudieron haber muerto. La furia del animal obligó a la policía a sacrificarlo de un disparo, animada por las súplicas de un hermano del criador clandestino. Otras dos perras se unieron al ataque, pero fueron controladas y decomisadas, junto con nueve cachorros, por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Los momentos de horror vividos por la familia del criador clandestino y la gravedad de las lesiones sufridas por las mujeres son de lamentar. Sin embargo, causa escalofríos saber que el criadero está frente al Colegio de Gravilias, al cual asisten legiones de estudiantes de esa comunidad. Es la receta perfecta para accidentes más graves, con víctimas aún más inocentes.
En Desamparados y otros cantones, dice Allan Sánchez, director de Senasa, la regulación es urgente. La alcaldesa Maureen Fallas coincide y promete tramitar disposiciones reglamentarias en el Concejo Municipal. La solución local es insuficiente. Quien cree peligro para comunidades enteras y se lucre con el suplicio de sus animales merece sanciones cuya severidad escapa a las posibilidades de los Gobiernos locales.
El problema existe en otros cantones pero, a falta de algún hecho dramático como el ocurrido el lunes, en Desamparados, no hay el mismo sentido de urgencia. Ese es otro motivo para no confiar la solución a las limitadas posibilidades de los concejos municipales. Su intervención es bienvenida, pero la acción legislativa es indispensable. Ojalá los diputados lo comprendan y ofrezcan a la ciudadanía una solución expedita.
