Opinión

EDITORIAL

Costo de las pensiones judiciales

Actualizado el 17 de septiembre de 2016 a las 12:00 am

La Corte deberá elevar el aporte patronal al régimen especial de pensiones de 13,75% al 14,36%

La contribución del Estado también podría subir en los próximos meses, en otros ¢1.544 millones

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El Poder Judicial se verá obligado a recortar los recursos destinados a la judicatura, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y otras dependencias, dadas las restricciones del presupuesto nacional para el 2017. Al mismo tiempo, deberá elevar el aporte patronal al régimen especial de pensiones, de 13,75% al 14,36%.

En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, el aporte patronal es de un 5,08%, poco más de una tercera parte, pero los grandes beneficios del sistema de jubilaciones de la Corte no podrían mantenerse sin la generosa contribución del patrono, es decir, todos los costarricenses, incluidos los destinados a cobrar una modesta pensión del IVM.

Esos mismos ciudadanos sufrirán el deterioro de los servicios del Poder Judicial, especialmente los relacionados con la seguridad pública. Puesta a optar entre los privilegios acumulados a lo largo de los años y el financiamiento de servicios esenciales, la burocracia, basada en leyes hechas a su imagen y semejanza, se decanta por defender sus ventajas. El resultado neto es mayor contribución estatal al régimen especial de pensiones y menos dinero en el presupuesto para el OIJ.

El nuevo ajuste no es culpa de ningún funcionario o departamento. Es consecuencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y si hubiera que encontrar responsables, estarían entre quienes la promovieron y aprobaron. Cada año, el Poder Judicial recibe una transferencia del Ministerio de Hacienda para pagar los aportes patronales. A la transferencia se suma el aporte que el Estado como tal está obligado a contribuir para las pensiones de la Corte.

En suma, el erario contribuye al régimen de privilegio como patrono y como Estado. Esa última contribución también se elevará en los próximos meses, si prima una iniciativa de la Caja Costarricense de Seguro Social para aumentar la contribución estatal al IVM del 0,58% al 1,24%.

El sistema de privilegios en el empleo público está diseñado para mantener la distancia entre la burocracia beneficiada y el común de la gente. Por eso, los aumentos se producen automáticamente cuando se intenta mejorar la situación de los menos favorecidos. Si la Caja eleva el aporte estatal para mantener la pensión mínima de ¢130.000 a 80.500 asegurados que no cotizaron lo suficiente a lo largo de su vida laboral, el aumento beneficia, de inmediato y en el mismo porcentaje, al régimen de pensiones del Poder Judicial.

En el 2015, la cotización de la Corte como patrono fue de ¢32.248 millones. El Estado como tal aportó ¢1.357 millones. Esas sumas se elevarán en ¢1.450 millones y ¢1.544 millones, respectivamente, lo cual no garantiza que los peores pronósticos sobre el sistema especial de jubilaciones dejen de cumplirse y el Estado deba hacerse cargo de un descomunal descalabro.

En el IVM, es cierto, el trabajador apenas cotiza un 2,84%, mientras que en el Poder Judicial el aporte del empleado alcanza el 11%, pero las distancias entre las pensiones promedio y el costo de otros beneficios son incomparables y no se justifican. En cualquier caso, contados todos los aportes, los ingresos del régimen por estos conceptos alcanzarán la astronómica cifra del 26,6% y, aun así, hay dudas sobre la posibilidad de mantener los beneficios.

No son dudas insignificantes. Un estudio determinó, en el 2012, la existencia de un déficit actuarial de ¢4 billones y estimó que en el 2027 el fondo sería insolvente. En el 2014, la Superintendencia de Pensiones propuso cerrar el régimen por insostenible. Ahora, la Corte está en proceso de contratar al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica para hacer un nuevo estudio actuarial.

En cualquier caso, los resultados seguramente no explicarán por qué es justo que el Estado contribuya un 15,60% a las jubilaciones de un puñado de trabajadores, en detrimento de los fondos disponibles para satisfacer necesidades más generalizadas de la sociedad.

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