EscucharEl trámite de licencias de conducir es una calamidad nacional. Lo ha sido por años y difícilmente pasa un Gobierno sin el correspondiente escándalo, casi siempre con intervención de la Policía Judicial. El último ocurrió esta semana y puso de manifiesto la incapacidad de la Administración Pública para dar solución a la eterna historia de sobornos y trampas.
La jefa del Departamento de Acreditación de Conductores del Consejo de Seguridad Vial y dos subalternos fueron detenidos en el marco de una investigación encaminada a dilucidar si en ese despacho se cobra hasta ¢1 millón por convalidar licencias de conducir extranjeras y, según se sospecha, falsificadas. La Policía decomisó licencias falsas, un escáner y fotografías aparentemente utilizadas para cometer el hecho ilícito.
En total, podría haber unos 400 casos de conductores nacionales y extranjeros. La irregularidad es masiva y se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Hace un par de semanas, cinco funcionarios del Departamento de Evaluación de Conductores también tuvieron su encuentro con la Policía, acusados de cobrar por la aprobación del examen práctico de manejo.
A finales de la administración anterior, en noviembre del 2009, el subjefe de licencias y una funcionaria fueron detenidos e investigados por supuestas dádivas recibidas a cambio del otorgamiento de licencias. Karla González, ministra de Obras Públicas y Transportes de la época, admitió que el despacho es el más cuestionado de esa cartera, y la defensora de los Habitantes de ese entonces, Lisbeth Quesada, exigió poner coto a los abusos.
A inicios del 2007, la misma Ministra ordenó el despido del subjefe del Departamento de Licencias, por no ejercer el control necesario para evitar la desaparición de 10.500 tarjetas plásticas en blanco, aptas para falsificar permisos de conducir. El caso es relevante para destacar el carácter recurrente de las irregularidades. En el mes de abril recién pasado, el ministro Francisco Jiménez gestionó el despido de la funcionaria detenida esta semana, precisamente para sancionarla por faltas en la custodia de 500 tarjetas plásticas decomisadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en setiembre del 2009.
En junio del 2003, el Tribunal del Servicio Civil autorizó el despido del director de licencias por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la entrega irregular de permisos de conducir. En la justificación del fallo, el Tribunal señaló: “Es posible que instituciones públicas tengan problemas de recursos, lo que no es posible es que en esas mismas dependencias públicas sucedan tantos actos de corrupción desde hace mucho tiempo y las autoridades no tomen las medidas necesarias”.
En marzo de 1998, el OIJ allanó varias oficinas del MOPT y del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para esclarecer denuncias relacionadas con anomalías en la confección de licencias de conducir y el cobro de infracciones de tránsito.
Los incidentes abundan, pero bastan los seleccionados para demostrar su existencia en los últimos cuatro gobiernos, sin que eso exima a los anteriores de un mal endémico para el cual la Administración Pública no ha encontrado remedio. En su momento, los gobernantes depositaron esperanzas en la incorporación del otorgamiento de licencias al programa de gobierno digital o en medidas como el mejoramiento del perfil de los encargados de hacer las pruebas prácticas, para que fueran profesionales y no técnicos.
Los recurrentes casos de corrupción ponen en evidencia las complejidades del proceso, que crea oportunidades para exigir pagos a cambio de facilitar el trámite, y también los problemas planteados por el Régimen de Servicio Civil a la hora de hacer los despidos necesarios. Las medidas de seguridad dispuestas para custodiar documentos y materiales sensibles han estado, permanentemente, en el centro del problema.
No todas las soluciones están en manos del MOPT. La falta de agilidad en la ejecución de despidos justificados aqueja a toda la Administración Pública, pero las medidas de seguridad, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y la simplificación de trámites serían un buen comienzo, y esas medidas sí son resorte del MOPT.
