Opinión

EDITORIAL

Coordinación policiaca y seguridad nacional

Actualizado el 29 de mayo de 2014 a las 12:02 am

La cooperación interinstitucional fue uno de los puntos fuertes de la planificación policiaca reciente y no debe abandonarse

El ministro Celso Gamboa ya aclaró que, desde su perspectiva, el esquema de coordinación debe estar supeditado a la Fiscalía

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La escogencia de Celso Gamboa como ministro de Seguridad Pública se interpretó en su momento como un mensaje de continuidad de la política que impulsó la Administración anterior, con apreciable éxito, y que debería convertirse en la base de una estrategia nacional contra la delincuencia y el crimen organizado.

Gamboa se ganó sus galones como fiscal en Limón, donde la tasa de homicidios supera el doble del promedio nacional, y, más tarde, como viceministro de la cartera y titular de la polémica Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Justamente, el perfil del funcionario, que pasó del Poder Judicial al Ejecutivo, así como los logros conseguidos por la Administración Chinchilla, lo hacen idóneo para profundizar aún más en la coordinación que se ha establecido entre el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República.

Además, cuenta con la confianza del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien le otorgó su respaldo personal al señalarlo como un funcionario “de calidad y excelencia”. En sus primeras semanas, el nuevo mandatario se ha interesado por perfilar una extensa agenda de seguridad nacional, que vaya de la relación con Nicaragua y la vigilancia fronteriza a las amenazas del crimen globalizado y la prevención del delito.

La cooperación interinstitucional fue uno de los puntos fuertes de la planificación policiaca reciente y no debe abandonarse. En el pasado, la ausencia de una adecuada comunicación entre las diferentes instancias involucradas se tradujo tanto en el desperdicio de recursos logísticos y materiales como en la imposibilidad de alcanzar objetivos a medio y largo plazo.

En la última Administración, el descenso en la tasa de homicidios, que, en tres años, pasó de 11 a 8 por cada 100.000 habitantes, la caída en los delitos contra la propiedad, y la inversión en equipo, tecnología e infraestructura hicieron que el país recuperara su nivel como el más seguro de Centroamérica. Estamos lejos del lugar que deberíamos ostentar, pero vamos por el camino correcto.

El nuevo jerarca ya aclaró que, desde su perspectiva, el esquema de coordinación debe estar supeditado a la Fiscalía: “Siempre he dicho que el centro más importante para reunirnos (Seguridad y el OIJ) es en el Ministerio Público, porque es ahí donde se fija la dirección funcional de las investigaciones”. Como también lo mencionó, esto no debe impedir que la relación entre las organizaciones sea “oportuna, diáfana, fluida y transparente”.

Gamboa asume el MSP en un momento de particular trascendencia para la seguridad nacional. No solo se está ante la evidente penetración del Poder Judicial por parte del narcotráfico, de una amplitud por ahora desconocida, sino que también el Poder Ejecutivo enfrenta cuantiosos pendientes en materia de infraestructura, como la construcción de la Escuela Nacional de Policía y el mejoramiento de las 600 delegaciones, algunas de las cuales se encuentran en condiciones deplorables. Otra tarea urgente es adecuar las condiciones salariales de los policías al nuevo manual de puestos.

Tanto Gamboa como el actual director de la OIJ, Francisco Segura, han afirmado que las diferencias que pudieron haberse dado en el 2012, cuando ambos aspiraron a la jefatura de la Policía Judicial, no entorpecerán la coordinación que debe mantenerse natural y dinámicamente entre ambas instituciones. Para beneficio de todos, esperemos que esto sea así. Ante un entorno global amenazante, la respuesta nacional debe ser contundente y unificada.

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