Opinión

EDITORIAL

Control de las elecciones municipales

Actualizado el 13 de octubre de 2015 a las 12:00 am

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anuncia un control riguroso de las finanzas en los comicios municipales

La relación entre dinero y política es inevitable. Por eso es importante darle el marco normativo y el control necesarios para salvaguardar la democracia

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anuncia un control riguroso de las finanzas en los comicios municipales. Revisará con cuidado los signos externos y dará seguimiento a la pauta publicitaria para luego cotejar los gastos con los ingresos y evitar los reclamos infundados, pero, sobre todo, detectar financiamientos no reportados. Si los gastos superan los informes de ingresos, es necesario saber de dónde vinieron los recursos adicionales.

El proceso es complejo. Hay 81 elecciones, celebradas el mismo día, para escoger a más de 6.000 funcionarios entre miles de candidatos y decenas de partidos, muchos de ellos de carácter estrictamente local. Existe la posibilidad de comprar una elección, especialmente en los cantones menos poblados, y las ventajas para el financista pueden ser apreciables, dada la creciente importancia de los gobiernos locales.

Con pocas excepciones, los partidos políticos de alcance nacional encaran el proceso inmersos en una seria crisis financiera. Algunos ni siquiera encuentran crédito, dadas las condiciones de sus tesorerías y las características del proceso municipal, que alejan el financiamiento bancario por temor a no recuperar lo prestado. Si en esas circunstancias están las grandes agrupaciones políticas, es fácil adivinar la situación en organizaciones más modestas.

Los partidos con mayor desventaja anuncian campañas para conseguir financiamiento de sus simpatizantes, pero la justa electoral se hace más vulnerable a las contribuciones espurias cuando los recursos escasean. La vigilancia es indispensable aun en el caso contrario. La dinámica misma de la competencia electoral, incluido el temor a ser superado en las urnas por la inversión más cuantiosa del contrario, invita a procurar contribuciones de fuentes cuestionables. Las consideraciones éticas no bastan para evitarlo, ni siquiera en los comicios presidenciales. La historia abunda en evidencia.

Si las experiencias nacionales con el financiamiento político ilegal no fueran suficientes, basta un vistazo a la realidad de países vecinos, como Guatemala, donde el crimen organizado procura comprar influencia en los gobiernos locales para facilitar sus actividades ilícitas. Hay en nuestro país zonas particularmente vulnerables a una infiltración semejante.

Los partidos políticos de alcance nacional tienen la enorme responsabilidad de depurar sus listas de candidatos y ejercer supervisión sobre la recolección de fondos y el monto de los gastos. Pero en el caso de las agrupaciones locales, el TSE no cuenta con el interés de esas grandes estructuras de salir sin mancha de los procesos cantonales.

El seguimiento de la pauta publicitaria en 112 frecuencias de radio y televisión fue contratado con una empresa que promete ejercer el control las veinticuatro horas del día, siete días a la semana, desde el 7 de octubre hasta la culminación del proceso. Los delegados del Tribunal en todo el país informarán de la apertura de clubes partidarios y el despliegue de signos externos, incluidas las vallas publicitarias. La información servirá de punto de referencia para evaluar los informes de gasto e identificar posibles discrepancias.

Existen otras formas de influir en una elección con capital, aparte del financiamiento de campañas publicitarias. La vigilancia de los signos externos y el bullicio mediático no bastan, pero en esos rubros se concentra buena parte del gasto y el Tribunal hace bien en prestarles especial interés. No menos relevante será el escrutinio de los ingresos y sus donantes durante la campaña y una vez finalizado el proceso.

La relación entre dinero y política es inevitable, dice Ronald Chacón, jefe de financiamiento de partidos en el TSE. Por eso es fundamental darle a la relación el marco normativo y el control necesarios para salvaguardar la democracia.

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