Control de armas

El único motivo de asombro es la tardanza de la medida, a todas luces lógica. Interpretadas a contrario sensu, las declaraciones implican que hasta el 2011, las solicitudes planteadas por personas con esos antecedentes tenían posibilidades de prosperar.

No faltará quien aduzca que el hampa no necesita pedir permisos y es mejor tener sus armas registradas y controladas, pero el registro de un arma no implica un control eficaz de su uso. El registro, cuando mucho, facilita la identificación del arma cuando es demasiado tarde para impedir sus efectos más temibles.

Existe un mercado de armas robadas o importadas de manera ilícita y, por tanto, no registradas. El hampa sabe dónde conseguirlas, pero antes de armar a la delincuencia con todos los requisitos de ley, es preferible conservar la posibilidad de detener al delincuente por la sola posesión de un arma ilícita.

La directriz del viceministro ya fue cuestionada en la Sala IV por un aspirante a obtener permiso para portar armas. El Ministerio está en espera de la resolución y promete reducir la población lícitamente armada si los magistrados fallan en su favor. En Costa Rica, la posesión de armas no goza de explícitas garantías constitucionales como las alegadas en los Estados Unidos, donde la segunda enmienda de la Constitución consagra un derecho, muy discutido a lo largo de los años.

En cualquier caso, hay poca duda de la conexión histórica entre el nacimiento de ese derecho y el servicio en la milicia, una institución proscrita en Costa Rica precisamente por la Constitución que la Sala IV interpreta en la actualidad. Probablemente los magistrados se fijen, entonces, en otros argumentos del recurrente.

La prohibición de conceder permisos a personas con antecedentes penales es común en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, famosos por la trágica liberalidad de sus leyes en esta materia. Por el contrario, en ese país es delito la posesión de armas o municiones por quien tenga antecedentes penales.

Francisco Segura, director interino del Organismo de Investigación Judicial, va todavía más lejos y expresa su deseo de eliminar, por completo, los permisos para portar armas. “Si se eliminan las armas, se reduce el 80% de los homicidios”, dice el experimentado policía.

El argumento en contra de la posición de Segura es la necesidad de estar armado para ejercer la legítima defensa. Sin embargo, la experiencia demuestra la alta probabilidad de que el herido no sea el delincuente, sino el ciudadano armado. En la mayoría de los casos, quien ofrece resistencia incrementa el riesgo de sufrir una lesión.

La disponibilidad de armas facilita el desenlace fatal de las riñas o disputas personales, a menudo por asuntos sin importancia. El súbito arranque de cólera y la proximidad del arma se confabulan, también, para alimentar la intensidad de la violencia doméstica. Dos de cada tres homicidios se cometen con armas de fuego, y en la mayoría existe una relación previa entre víctima y victimario. En muchos casos, la disponibilidad del arma es la razón del homicidio, no el medio para repeler un ataque.

El arma en el hogar también incrementa el riesgo de un accidente, en especial cuando hay niños. De los 527 homicidios ocurridos en el 2010, 15 se atribuyeron a legítima defensa, pero otros 16 sucedieron por error u accidente. Menos del 22% de los 527 homicidios sucedidos en ese año se debieron a robos o asaltos. El 30% de los asesinatos fueron perpetrados en conexión con el narcotráfico y, en esos casos, el ciudadano inocente es rara vez víctima.

Las estadísticas parecen dar la razón al director interino del OIJ, pero, mientras el país debate la posibilidad de adoptar una política de armas más rigurosa, la directriz del viceministro Gamboa es, cuando menos, necesaria y prudente.