EscucharEl traspaso de competencias y recursos del Gobierno central a las municipalidades es un contrasentido envuelto en una contradicción. En el plano político, el envío del primer proyecto con esos fines a la Asamblea Legislativa pretende asegurar el apoyo de los “municipalistas” a la reforma tributaria, pero crea condiciones idóneas para alienar a otros sectores y suma razones al arsenal de la oposición más irreductible al plan fiscal.
El pregonado propósito de sanear las finanzas públicas mediante la reforma tributaria colisiona, irremediablemente, con los efectos previsibles del plan de traspaso de competencias. Ningún miembro del Gabinete se ha atrevido a defender el proyecto municipalista desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal y muchos, más bien, han dejado entrever su preocupación, incluida la Presidenta.
Como para subrayar la contradicción, doña Laura presenta al Congreso el primer proyecto de traslado de competencias y, casi de inmediato, declara la necesidad de revisar las leyes que le dan sustento. No lo manifiesta abiertamente, pero deja entrever su convicción de la falta de viabilidad fiscal de la iniciativa.
El marco legal del mecanismo que la Presidenta pretende poner en marcha exige trasladar a las municipalidades una suma equivalente al l0% del presupuesto nacional, es decir, la mitad de los recursos asignados a diecisiete ministerios y despachos del Poder Ejecutivo, incluida la Presidencia de la República. Como sabe que el traslado es impracticable, la mandataria sugiere estudiar si los recursos necesarios, o parte de ellos, pueden ser extraídos de los cofres de las instituciones autónomas.
La propuesta implica, en sí misma, una nueva serie de contradicciones. Para comenzar, la Presidenta propone, en aras de la descentralización, desfinanciar a las instituciones que más éxito han tenido en conseguirla. Los servicios fundamentales están disponibles en todo el país gracias a las instituciones autónomas, uno de los grandes méritos de nuestro diseño constitucional. Rodrigo Facio y los pensadores de su época acertaron al sustraer –hasta donde es posible– la prestación de esos servicios de los vaivenes de la política partidaria. Hoy, doña Laura propone sustraer recursos a las autónomas para trasladarlos a las entidades más politizadas del Estado con el fin de pagar una descentralización que las entidades desfinanciadas por esta iniciativa han contribuido, mejor que nadie, a lograr. ¡Un contrasentido envuelto en una contradicción!
Con este planteamiento, el Gobierno contradice, también, los argumentos esgrimidos contra las objeciones de la Unidad Socialcristiana al plan de reforma tributaria. Los socialcristianos sostienen que los nuevos impuestos son innecesarios, porque la estabilidad fiscal puede ser recobrada mediante el uso de fondos no ejecutados en diversas dependencias de la administración pública. El Gobierno parece darles la razón. Existen, en criterio de doña Laura, abundantes recursos en las arcas de las instituciones autónomas; tan abundantes como para tener impacto significativo en el cumplimiento de una obligación que representa el 10% del presupuesto nacional. ¿Por qué no echar mano de ellos para enjugar el déficit sin aumentar la carga tributaria? Si a eso se suman los demás recursos que los socialcristianos dicen tener identificados, ¡estamos en Jauja! Esa, desde luego, no es la realidad, pero por estos rumbos conducen las ocurrencias y la demagogia.
La Presidenta no especificó si con el traslado del dinero de las autónomas traspasarían también funciones, como pretenden hacerlo en el caso del Gobierno central. Parece difícil, porque el país no toleraría la administración municipal de los hospitales y no hay posibilidad de confiar a los gobiernos locales la prestación de servicios de telefonía y generación eléctrica. Si las autónomas siguen brindado los mismos servicios luego de trasladar dinero a las municipalidades, queda confirmado el carácter ocioso de esos recursos. ¡En buena hora y adiós al plan fiscal! Si, por el contrario, los servicios sufren mengua, la verdadera descentralización apechuga un grave daño en beneficio de la muy cuestionable municipalización.
Si esta última ocurrencia debilita el discurso del Gobierno frente al argumento de los socialcristianos, el plan de traslado de competencias, en su totalidad, siembra duda sobre las verdaderas motivaciones de la reforma tributaria propuesta con encomiables fines de responsabilidad fiscal. La ocurrencia revela, cuando menos, que el Poder Ejecutivo es consciente de la imposibilidad de pagar la cuenta con su propio presupuesto, como está previsto. ¿Por qué no hablarle claro al país, como lo ha hecho el Ministerio de Planificación?
